Por Jorge Octavio Ochoa
Andrés Manuel López Obrador insiste en crear un fantasma. Empuja una falsa lucha de clases para enfrentar a la sociedad de cara a los comicios del 2024. Los hechos demuestran que al régimen no le interesan las muertes; ni las que hubo durante la pandemia, ni las que el crimen organizado desparrama por el país.
Semana Santa se convirtió en una frase hueca donde, ni hubo fervor religioso, ni descansó la violencia. En un solo fin de semana, más de 500 asesinatos violentos, coronados con la masacre en un balneario de Cortázar, Guanajuato, de la que no se saben los motivos.
Uno se pregunta: ¿Qué es lo que discute cada mañana el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional? ¿Por qué ocurren estos horrores en México? Todavía permanece tiznado el letrero del Instituto Nacional de Migración donde murieron calcinados vivos o asfixiados, 40 migrantes ante la indolencia gubernamental.
Alguien ordenó mantener cerrado el candado y hoy el presunto autor intelectual goza de libertad, mientras Francisco Garduño tiene el apoyo presidencial. Dos semanas después, en el balneario La Palma, en el municipio de Cortázar, Guanajuato, un grupo armado dispara contra una familia que descansaba ahí.
¿Qué clase de sociedad se ha formado? Queda claro que los niveles de violencia no es el motivo principal de preocupación del régimen. ¡Al contrario! Cada mañana, la prédica presidencial atiza en una falsa lucha de clases que no resuelve, ni de lejos, el problema principal: la corrupción.
La semana pasada, cinco sujetos que se ostentan como catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, iniciaron, junto con un puñado de seguidores, una campaña contra Lorenzo Córdoba. A diferencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que plagió una tesis, contra el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral no existe prueba fehaciente de corrupción. Aun así, han emprendido una campaña de acoso para que Córdoba no pueda regresar a impartir cátedra en la máxima casa de estudios.
Paralelamente, López Obrador arranca una estrategia propagandística para desprestigiar al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Él dice que el INAI no sirve para nada, justo en el momento en que su administración está inmersa en un tsunami de datos sobre hechos de corrupción.
Aparece, por ejemplo, el nombre de Claudia Elena Pérez García, quien fuera subordinada de Alejandro Esquer, secretario particular de López Obrador. Ella se hizo millonaria, milagrosamente, de la noche a la mañana, desde que en 2020 se convirtió en apoderada de la empresa B-Drive It.
Gracias a ese cargo, obtuvo 55 contratos del gobierno federal por 828 millones de pesos, sin contar los de la empresa Engine Core, vinculada a la primera. Ambas empresas han obtenido contratos por casi 3 mil millones de pesos del actual gobierno.
Elena Pérez fue hasta el 31 de octubre del 2019, subdirectora de área en la Coordinación General de Administración de la Oficina de la Presidencia. Así como ella, está también el caso de José Ángel Anzures Galicia, quien desvió 3 mil millones de pesos desde el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Esta persona otorgó contratos directos, que en tan sólo un año sumaron cerca de tres mil millones de pesos y cobraba “moches” a los trabajadores del Instituto.
También está el caso de las empresas “fantasma” a las que Diconsa cobraba el tres porciento de los pagos que el gobierno les hacía. Así sumaron desvíos del orden de los 180 millones de pesos.
Es, como podemos ver, el reino de la opacidad, que además MORENA pretende consolidar como forma de gobierno a través de una iniciativa. Resulta que, justo en Semana Santa, ese partido presentó un proyecto de ley para revocar concesiones y permisos con empresas, con la posibilidad de no pagar.
Incluyen una “cláusula de terminación anticipada”, cuando el gobierno federal determine que un contrato no debe continuar. En la iniciativa añaden, ahora sí cínicamente, la asignación directa de contratos, práctica que López Obrador ha mantenido en el 80 por ciento de sus obras estelares.
Fiel a su estilo, pretenden dar “madruguete” y meter en la Cámara de Diputados el dictamen antes del 30 de abril. Para esto, sí tuvieron tiempo, pero no así para nombrar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información.
El de AMLO ha sido el reino de la opacidad, un auténtico valle de sombras, donde además hay que temer el mal y la violencia.
Pero su gabinete, que más parece un séquito, se empeña en fabricar una falsa lucha de clases y quieren propiciar una confrontación social. Claudia Sheinbaum inventa que quienes se oponen al concierto de Rosalía, es porque les molesta la extensión de la cultura para las clases populares.
No y no señora. Es lavado. Pagarán del erario diez millones de pesos, pero no informarán por qué deben pagar esa cantidad para algo que, según dicen, es gratuito, como tampoco lo hicieron con el costo de la marcha del 18 de marzo.
