José Miguel Castro Carrillo
El orden económico internacional que dominó desde la posguerra se basó en una arquitectura diseñada para maximizar la eficiencia global, impulsada por un conjunto de instituciones multilaterales, cadenas de valor transnacionales y flujos de capital relativamente libres. Ese modelo dependía, entre otros factores, de la garantía de seguridad ofrecida por Estados Unidos.
Desde 2018 ha enfatizado repetidamente la necesidad de ajustar las políticas comerciales para fortalecer su competitividad manufacturera mediante el aumento de aranceles y otros medios. Para el 5 de abril de 2025, la política arancelaria se actualizó oficialmente, aumentando aún más las tasas impositivas sobre productos importados, lo que ha generado preocupaciones globales sobre el riesgo de una guerra comercial.
La intención original de la política arancelaria del gobierno de EE. UU. es en parte reducir el déficit comercial y proteger a las empresas nacionales. Sin embargo, el impacto real en diferentes industrias y grupos sociales no es consistente.
El autor Peter Zeihan, en “The End of the World Is Just the Beginning”, interpreta esta transformación como el final de una era excepcional: la del orden liberal global sostenido por un imperativo geopolítico estadounidense. A medida que Washington se repliega, lo que emerge es un entorno caracterizado por inestabilidad sistémica, regionalización económica y rivalidad estratégica.
Durante buena parte del siglo XX, los economistas convencieron a los gobiernos de que su mejor política industrial era no tener ninguna. Las ventajas comparativas se descubrían, no se construían. La intervención pública era vista con sospecha, como una distorsión del mercado. Esa narrativa perdió fuerza tras la crisis financiera de 2008, y fue definitivamente enterrada por la pandemia, la guerra en Ucrania y la aceleración de la rivalidad entre China y Estados Unidos.
Hoy, las grandes potencias están utilizando la política económica como una extensión de su política exterior y de seguridad nacional. En el caso de la Ley CHIPS en Estados Unidos, que buscaba recuperar soberanía tecnológica antes de Trump; en la estrategia industrial europea para reducir dependencia energética y digital; o en los programas de subsidios masivos de India para atraer manufactura avanzada.
En este nuevo entorno, las decisiones sobre comercio, financiamiento y regulación no se toman con base únicamente en eficiencia o productividad, sino en función de riesgos geopolíticos, resiliencia estratégica y posicionamiento global. Esta transformación no es menor: reescribe las reglas que durante décadas rigieron la integración económica. Una de las implicaciones centrales de este cambio es que la competencia global ya no se da exclusivamente entre empresas, sino entre países que utilizan activamente instrumentos fiscales, regulatorios y tecnológicos para atraer inversión, proteger sectores estratégicos o reconfigurar cadenas de suministro.
La frontera entre política industrial y política comercial se vuelve difusa. El uso de aranceles, restricciones a exportaciones, subsidios selectivos o normas técnicas se convierte en parte de una caja de herramientas más amplia, donde lo que está en juego no es sólo una ventaja de mercado, sino capacidad de influencia y autonomía estratégica.
Esto plantea nuevos desafíos para países en desarrollo como México, ya no es sólo el tratado de libre comercio, por lo que los inversionistas estratégicos están buscando la capacidad de garantizar certidumbre jurídica, gobernanza institucional, infraestructura robusta y alineamiento político en temas clave.
