Por Gonzalo Martínez
Tras años de desencuentros entre el Poder Judicial y las iniciativas del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha lanzado el denominado “Plan C”, una estrategia destinada a reformar profundamente el Poder Judicial de la Federación.
Este plan surge bajo el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha interpuesto obstáculos a las reformas propuestas por el gobierno, consideradas esenciales para la consolidación de la cuarta transformación del país.
La iniciativa del Plan C abarca varios aspectos fundamentales de la estructura judicial, buscando hacerla más eficiente, austera y transparente, así como fortalecer su legitimidad democrática.
Entre los cambios propuestos se encuentran la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte, el establecimiento de reglas procesales para agilizar la justicia y la eliminación de privilegios excesivos.
La aprobación del Plan C se convirtió en un mandato popular durante las elecciones del 2 de junio, donde más de 35 millones de mexicanos respaldaron a la coalición liderada por la doctora Claudia Sheinbaum.
Con esta mayoría, se espera una reforma constitucional profunda que transforme el sistema judicial y lo ponga al servicio de los intereses del pueblo. Sin embargo, críticos y opositores han señalado que quitarle independencia al Poder Judicial puede ser “contraproducente” y puede hacer que caiga en un juego de servicio de poderes.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha detallado los principales puntos de la reforma al Poder Judicial, destacando que busca construir una institución de justicia independiente y ajena a intereses privados.
Las propuestas más destacadas incluyen:
- Nueva Integración de la Suprema Corte: Reducir el número de ministros de 11 a 9, con periodos de encargo más cortos y sesiones públicas para transparentar sus decisiones.
- Elección Popular de Jueces y Magistrados: Proponer que estos cargos sean ocupados mediante elecciones democráticas, con reglas claras y paritarias.
- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal: Dividir este órgano en dos nuevas instituciones con instancias de vigilancia más efectivas.
- Reglas Procesales para una Justicia Expedita: Establecer plazos máximos para la resolución de casos, prohibir suspensiones contra leyes de efecto general y fortalecer la justicia local.
El objetivo fundamental de estas reformas es devolver al Poder Judicial su papel como garante de la justicia y la democracia, alineándolo con los intereses del pueblo y no con grupos de poder. Se espera que estas medidas contribuyan a combatir la corrupción y consolidar el Estado de derecho en México.
No obstante, la resistencia del Poder Judicial ha sido considerable. La SCJN ha invalidado numerosas reformas propuestas por el gobierno, generando tensiones y conflictos políticos. Desde el gobierno se denuncia una serie de acciones por parte de algunos ministros y magistrados que buscan obstaculizar el avance de la cuarta transformación.
El presidente López Obrador ha alertado sobre posibles intentos de desestabilización desde el Poder Judicial, llegando incluso a calificarlo como un “golpe de Estado técnico”.
