Por Martha Casas
Durango, Dgo.
En México al menos 19 por ciento de las empresas consideran sumar a personas con discapacidad o alguna enfermedad crónica a sus plantillas laborales, esto es prácticamente dos de cada 10; mientras que las personas con discapacidad representan el 5.7 por ciento de la población mexicana.
“La inclusión laboral se traduce en la suma de habilidades, capacidades y puntos de vista que agregan valor desde la divergencia, creemos que es posible ver talento donde otros ven limitantes productivas, como lo son las ideas y prejuicios que existen hacia las personas con discapacidad”, detalló Gabriela Medina, directora Fundación Manpower.
En México las personas con discapacidad representan el 5.7 por ciento de la población mexicana, de ellos 26 por ciento son personas jóvenes (15 a 29 años) y 38 por ciento personas adultas, es decir personas que pueden integrarse a las actividades económicas, de acuerdo con el Censo Poblacional de 2020.
“Al ser incluyentes en materia de talento humano, las empresas amplían su conocimiento respecto a cómo ciertos segmentos de la población se enfrentan a barreras que limitan la accesibilidad a productos, servicios, actividades y oportunidades de desarrollo. La diversidad y la inclusión son temas estratégicos para la sostenibilidad organizacional”, indicó Gabriela Medina.
La Organización Internacional del Trabajo señala que la exclusión de las personas con discapacidad del mercado de trabajo supone una gran pérdida de potencial, que conlleva una pérdida del PIB de entre un tres y un siete por ciento, según las estimaciones.
En años recientes se han planteado reformas en materia de inclusión laboral para esta población. El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que establece que por lo menos el cinco por ciento de los empleos en centros de trabajo con más de 20 trabajadores deberán ser asignados a personas con alguna discapacidad, misma que no ha sido votada en la Cámara de Diputados
La directora Fundación Manpower destacó que, “se requiere de un trabajo tripartita entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para generar los medios adecuados para asegurar el acceso desde la enseñanza y la formación profesional a los candidatos con discapacidad”.
