Por: Martha Casas.
La diputada federal del PAN, Paty Jiménez, expresó su profunda preocupación ante la acusación formal presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de alto nivel, por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y armas.
“Esto no es un rumor ni un tema político menor. Es una acusación judicial formal que pone en duda la integridad de un gobierno completo”, señaló.
La legisladora señaló que lo más grave del caso es que las acusaciones apuntan a la posible intervención del crimen organizado en el proceso electoral de 2021.
“Estamos hablando de algo mucho más serio: la posibilidad de que un gobierno haya llegado al poder con apoyo del crimen organizado. Eso cambia completamente la dimensión del problema”, aunque en Acción Nacional ya lo habíamos denunciado en su momento.
Paty Jiménez recordó que, desde ese proceso electoral, la oposición denunció irregularidades como violencia, presión a votantes y presencia de grupos armados, situaciones que en su momento fueron minimizadas por el oficialismo y las autoridades electorales.
“Hoy lo que se denunció en México aparece en una acusación judicial en Estados Unidos. No se puede seguir ignorando la realidad”, afirmó.
La diputada también destacó el contexto de violencia que vive Sinaloa desde hace más de un año, con altos niveles de homicidios, desapariciones y enfrentamientos, lo que, dijo, evidencia que las autoridades han sido rebasadas.
“No es casualidad que Sinaloa esté en crisis. No se puede combatir al crimen desde un gobierno señalado de tener vínculos con él”, sostuvo.
Ante esta situación, hizo un llamado firme a las autoridades mexicanas:
“La Fiscalía General de la República debe iniciar de inmediato una investigación seria, sin proteger a nadie. El que tenga responsabilidad, que enfrente la justicia. Y quien tenga fuero, que lo pierda.”
Asimismo, consideró necesario que el Senado de la República analice la desaparición de poderes en Sinaloa, como un mecanismo constitucional para restablecer el orden ante una situación extraordinaria.
“No es una medida extrema, es una herramienta legal cuando el Estado pierde el control y las instituciones ya no pueden garantizar seguridad a las familias”, explicó.
Finalmente, Paty Jiménez enfatizó que México no puede permitir que existan gobiernos bajo sospecha de haber sido favorecidos por el crimen organizado.
“Las y los ciudadanos merecen gobiernos legítimos, transparentes y comprometidos con la seguridad. No podemos normalizar lo que está pasando”, concluyó.
