Por: Martha Casas.
El sector gasolinero en Durango enfrenta una sobrecarga operativa, fiscal y normativa que ya no puede sostener, advirtió la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO), al reconocer que mantener el precio controlado de 24 pesos por litro de gasolina Magna se ha convertido en un reto crítico, justo cuando el acuerdo vigente concluye en febrero de 2026.
El escenario económico se vuelve más complejo con el incremento en el consumo derivado del regreso a clases, el ajuste al salario mínimo, la entrada de nuevos impuestos y cambios normativos que impactan directamente a las estaciones de servicio.
A ello se suma un marco regulatorio que obliga al sector a cumplir alrededor de 96 requerimientos distintos, lo que encarece de manera significativa la operación diaria.
Aunque el tipo de cambio ha jugado a favor, permitiendo cierta estabilidad en los precios del combustible, los expendedores reconocen que este factor resulta insuficiente frente al peso de las cargas tributarias. Tan solo en 2025, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se aplicó al 100 por ciento en todos los combustibles, diésel, Magna y Premium, sin ningún tipo de subsidio, lo que eliminó un margen de maniobra clave para el sector.
En este contexto, ONEXPO confirmó que ya se iniciaron negociaciones a nivel federal para definir qué ocurrirá una vez que venza el acuerdo que sostuvo el precio de la Magna durante 2025.
La intención es ampliar el plazo de este esquema hacia 2026, lo que representaría un alivio para los consumidores; sin embargo, reconocen que la realidad financiera de las estaciones hace cada vez más complicado sostener ese precio.
“Es necesario llegar a un acuerdo que beneficie al consumidor, pero que también sea viable para el empresario”, señalaron representantes del sector, quienes insistieron en que sin una flexibilización en el cumplimiento normativo o un ajuste fiscal, el modelo actual resulta insostenible.
La advertencia es clara: si no se reequilibran las condiciones, el impacto no solo recaerá en los expendedores de combustible, sino también en la economía local y en el bolsillo de los duranguenses.
