Por Gonzalo Martínez
Este martes el Parlamento de Georgia aprobó una ley controvertida que impone restricciones significativas a los derechos de la comunidad LGBTQ+, marcando un cambio importante en la política del país caucasiano. Esta legislación, impulsada por el partido oficialista Sueño Georgiano, refleja similitudes con las leyes restrictivas de Rusia en lo que respecta a la comunidad LGBTQ+.
La nueva ley prohibirá los matrimonios entre personas del mismo sexo, la adopción por parejas homosexuales y las manifestaciones públicas de apoyo a relaciones LGBTQ+. También limitará la mención de la comunidad LGBTQ+ en los medios de comunicación y restringirá el acceso a atención médica de afirmación de género, así como el cambio de designaciones de género en documentos oficiales.
En Georgia, la Iglesia ortodoxa ejerce una influencia considerable, y las protestas contra la comunidad LGBTQ+ son frecuentes. El año pasado, un festival en la capital, Tiflis, fue interrumpido por opositores a los derechos LGBTQ+, lo que llevó a su cancelación. Este año, miles de personas marcharon en Tiflis en defensa de los “valores familiares tradicionales”.
Estos “valores familiares tradicionales” también son una parte central de la retórica del Kremlin. En Rusia, las autoridades han impuesto severas restricciones a la visibilidad y el activismo de la comunidad LGBTQ+, catalogando estos movimientos como extremistas y prohibiendo cualquier apoyo público.
La nueva ley en Georgia se suma a otra medida polémica, la ley contra la “influencia extranjera”, que requiere que los medios y ONGs que reciban más del 20% de sus fondos del extranjero se registren como entidades que representan los intereses de potencias extranjeras. Esta ley ha generado críticas tanto dentro como fuera del país, afectando las aspiraciones de Georgia de unirse a la Unión Europea. En respuesta, la UE suspendió su apoyo financiero y Estados Unidos impuso sanciones a funcionarios georgianos.
El proyecto de ley anti-LGBTQ+ fue aprobado en su tercera lectura con el respaldo de 84 de los 150 legisladores. Ahora, solo falta la firma de la presidenta Salome Zourabichvili para que la ley entre en vigor.
