Por: Martha Casas.
Representantes de agrupaciones provida, encabezadas por María Eugenia Pérez Herrera, Víctor Martínez, María del Rayo Fuentes y otras activistas, ofrecieron una conferencia de prensa en la que rechazaron la inminente despenalización del aborto en Durango, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al Congreso local adecuar el marco legal.
Durante su exposición, los colectivos aseguraron que existe una “falsa narrativa” en torno al llamado “derecho al aborto”, pues ni en los tratados internacionales, ni en la legislación mexicana está reconocido como tal.
Señalaron que el derecho consagrado es el derecho a la vida, y que el término “interrupción legal del embarazo” resulta equívoco, ya que “nada vuelve a su origen después de un aborto”.
María Eugenia Pérez presentó un diagnóstico con datos oficiales y económicos. Detalló que, de acuerdo con el IMSS, el costo del procedimiento de legrado uterino terapéutico por aborto incompleto asciende a 16 mil 691 pesos, mientras que los apoyos federales a familias con hijos enfermos de cáncer rondan los 6 mil 400 pesos.
“Es una paradoja, que el Estado gaste más en interrumpir una vida que en salvarla”.
La vocera también citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales indican que en México existen 77 personas recluidas por delitos relacionados con el aborto, y más del 90% son hombres.
En Durango, añadió, no hay ninguna mujer privada de su libertad por esta causa, lo que, a su juicio, desmiente la narrativa sobre la supuesta criminalización de las mujeres.Sobre los datos de la Ciudad de México, donde el aborto es legal desde 2007, señaló que se han practicado 277 mil 268 procedimientos en 17 años, lo que representa un gasto público de más de 4 mil 600 millones de pesos. De ese total, el 45% de las mujeres tiene entre 18 y 24 años, y más de la mitad son solteras.
“Incluso hay casos de mujeres que se han practicado hasta diez abortos, lo que demuestra que se usa como método anticonceptivo”, afirmó Pérez Herrera.
Las agrupaciones lamentaron que el debate se enfoque solo en la despenalización, cuando el Código Penal de Durango ya contempla desde hace más de tres décadas tres causales para no penalizar el aborto: violación, riesgo de muerte y malformaciones congénitas.
Los colectivos provida solicitaron al Congreso local y a la Comisión de Justicia analizar el tema con base en evidencia científica y no desde ideologías. Pidieron reforzar presupuestos para la atención de la violencia de género, los centros de justicia para las mujeres y las instancias municipales de apoyo en los 17 municipios con declaratoria de alerta.
“Pedimos que se escuche a la mayoría de las mujeres y hombres de Durango, que sí creemos en la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, expresaron.
