José Miguel Castro Carrillo
Una de las mayores preocupaciones de los votantes en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos fue el control migratorio en la frontera de ese país con México, debido a que el presidente electo, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional y utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de inmigrantes indocumentados a partir de su toma de posesión el 20 de enero de 2025.
En Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados, personas que, a pesar de no contar con estatus legal de residencia, aumentan el tamaño de la economía, pagan más en impuestos de lo que reciben en servicios públicos, hacen el trabajo que otros no están dispuestos a hacer y elevan el consumo interno.
En cambio, los partidarios de las deportaciones aseguran que estas personas les quitan los puestos de trabajo a los estadounidenses, tienen bajos salarios, consumen poco, no pagan impuestos y son una carga para las redes de asistencia social.
De todos los indocumentados que viven en Estados Unidos, unos 3 millones no son “deportables”, dado que tienen permiso para vivir y trabajar en el país, como aquellas personas que han solicitado asilo, los que se han acogido al Estatus de Protección Temporal (TPS), los que pertenecen al programa de personas llegadas en la infancia (DACA), y aquellos que están en el país con permisos de permanencia temporal conocidos como parole.
Sin embargo, bajo la nueva administración, puede haber cambios que le quiten esa protección a quienes no tienen una residencia permanente, como en el último par de años en los que se ha disparado el número de inmigrantes que cruzan la frontera sur, es posible que los indocumentados sean muchos más de lo que señalan las estimaciones.
Algunos indocumentados creen que la deportación solo afectará a criminales. Otros tienen miedo y a otros más, les preocupa que su familia sea dividida, como el caso de los “dreamers”, que piensan en su mayor parte de sus familias podrían ser deportadas.
Los indocumentados representan cerca del 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos, y la mayor parte se emplea en labores agrícolas, en la construcción, el servicio doméstico, restaurantes y hotelería.
Hay industrias como la construcción y la agricultura que tienen escasez de mano de obra, por lo que una deportación masiva complicaría las cosas para los empleadores, probablemente aumentaría los costos de producción, causaría retrasos en los proyectos de construcción y provocaría interrupciones en servicios, además de causar un aumento de la inflación.
En cuanto a las remuneraciones, los indocumentados no son realmente un competencia en la medida que hacen trabajos más riesgosos, mal pagados y que muchos no están dispuestos a realizar, por lo que la evidencia muestra que no es verdadera la creencia de que cuando un indocumentado ocupa un puesto de trabajo, un estadounidense lo pierde.
Cabe destacar que los indocumentados pagaron casi $97,700 millones de dólares en impuestos en 2022, y pagan cada vez que compran un producto o un servicio, cuando arriendan o adquieren una propiedad y cuando pagan tributos sobre la renta personal y empresarial.
Una parte de esos recursos fue destinada al financiamiento de servicios públicos a los que por ley no pueden acceder, como la seguridad social, el seguro de desempleo, o la mayor parte de los programas de salud para personas en una situación económica precaria.
De ahí, una deportación masiva privaría a los gobiernos federales, estatales y locales de miles de millones de dólares en ingresos fiscales.
