INE advierte sobre aumento de lavado de dinero en campañas electorales

Por Gonzalo Martínez
En una reunión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) llevada a cabo el sábado, los consejeros del organismo expresaron su preocupación por el creciente aumento de delitos financieros, como el lavado de dinero y la triangulación de recursos, en las campañas electorales con miras a los comicios federales del próximo 2 de junio.
La consejera Carla Humphrey fue enfática al señalar que se han observado varias irregularidades en los informes de fiscalización presentados por partidos políticos y candidatos, así como la falta de acción por parte del instituto para abordar estas problemáticas de manera efectiva.
Entre las inquietudes expresadas durante la sesión, Humphrey resaltó la necesidad urgente de reformar el Reglamento de Fiscalización del INE para incorporar medidas que atiendan el lavado de dinero, la triangulación de recursos y el uso de criptomonedas en el financiamiento de las campañas políticas. Esto posibilitaría una mayor transparencia y rendición de cuentas en relación con el origen y destino de los fondos utilizados por los partidos y candidatos.
“Hay una serie de aspectos que han pasado desapercibidos durante años, como el incremento del lavado de dinero, la proliferación de empresas ficticias y la triangulación de recursos. ¿Quiénes son los beneficiarios finales de estas prácticas? ¿Cómo podemos garantizar la integridad y legitimidad de los procesos electorales en medio de estas irregularidades?”, expresó Humphrey durante la sesión.
La consejera destacó la importancia de que el INE esté a la vanguardia en el uso de tecnología y métodos de investigación para combatir los delitos financieros en el ámbito electoral, y enfatizó la necesidad de colaboración con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, para abordar esta problemática de manera integral.
Además, hizo hincapié en la importancia de exigir a los partidos políticos la debida documentación y comprobación de sus gastos durante las campañas electorales, así como la cooperación con las autoridades financieras y judiciales en caso de ser necesario para esclarecer posibles irregularidades.