El diputado priista advirtió que el temor a enfrentar denuncias puede afectar el ejercicio de la docencia y llamó a construir una propuesta que garantice los derechos de maestros y estudiantes.
Por Luis juárez
Durango, Dgo.- El diputado local del PRI, Iván Soto Mendía, llamó a fortalecer la certeza jurídica de las maestras y los maestros de Durango ante amenazas, actos de hostigamiento y acusaciones que no logran acreditarse, al advertir que estas situaciones pueden comprometer su estabilidad laboral y trayectoria profesional.
Desde la tribuna del Congreso del Estado, el legislador señaló que existe preocupación entre integrantes del magisterio por las posibles consecuencias de llamar la atención a un estudiante, aplicar medidas disciplinarias o enfrentar conflictos con padres de familia.
“Hay maestras y maestros que hoy tienen miedo de ejercer su profesión”, expresó Soto Mendía, quien también habló desde su experiencia como docente para respaldar la necesidad de revisar las condiciones en las que el personal educativo desempeña sus funciones.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, recordó que su bancada presentó una iniciativa para brindar protección jurídica al personal docente, directivo y administrativo ante situaciones que puedan poner en riesgo su trabajo, su entorno familiar y su desarrollo profesional.
El diputado sostuvo que una acusación sin fundamento puede afectar en cuestión de días una trayectoria de 20 o 30 años de servicio, especialmente cuando el trabajador es separado de sus funciones, reubicado o expuesto públicamente antes de que concluyan las investigaciones correspondientes.
No obstante, aclaró que la propuesta no pretende desestimar las denuncias ni anticipar la responsabilidad de las personas señaladas, sino atender las consecuencias que pueden enfrentar los trabajadores cuando las investigaciones no encuentran elementos suficientes para acreditar los señalamientos.
Soto Mendía también mencionó que, según su exposición, en entidades como Aguascalientes, Chihuahua y Guerrero se han impulsado medidas legislativas relacionadas con la seguridad jurídica del personal educativo, por lo que consideró importante analizar experiencias de otros estados.
Protección sin vulnerar los derechos de la niñez
El legislador enfatizó que garantizar la seguridad jurídica del magisterio no debe representar una limitación para proteger a niñas, niños y adolescentes, ni para investigar posibles situaciones de violencia o abuso dentro de los planteles educativos.
“Proteger a nuestros estudiantes es y seguirá siendo una obligación. No son derechos que deban enfrentarse, son garantías que deben coexistir”, puntualizó.
Ante ello, pidió a las comisiones legislativas responsables de analizar la iniciativa abrir espacios de diálogo con representantes del magisterio, autoridades educativas, familias y especialistas en derechos de la infancia.
El objetivo, señaló, es construir una propuesta equilibrada que permita a los docentes ejercer su profesión con tranquilidad y respeto a sus derechos, sin debilitar los mecanismos de denuncia, investigación y protección de los estudiantes.
La iniciativa permanece como un planteamiento legislativo cuya revisión deberá considerar las garantías de todas las personas que integran la comunidad escolar.
