La deuda de cerca de 20 mil millones de pesos del Gobierno del Estado de Durango debería tener responsabilidades administrativas, políticas y penales

Por Lic. Antonio Bracho Marrufo
El sistema político mexicano se ha ido perfeccionando a través de los años; los levantamientos sociales, movimientos sindicales, creación de nuevos partidos políticos, así como de instancias autónomas para investigar y sancionar la función pública permiten al ciudadano señalar las irregularidades de los servidores públicos que han sido elegidos por medio de elecciones democráticas, servidores que deben de retribuir esa confianza con desarrollo y crecimiento económico de las entidades federativas o municipios a los cuales gobernaron.
Aquellos servidores públicos o gobernantes que traicionen la confianza del voto democrático del ciudadano deben ser sancionados con todo el peso de la ley, ya que se condenan a varias generaciones de ciudadanos a vivir en ciudades con estancamiento económico y laboral, provocando pobreza, inseguridad, emigración, y sobre todo se violenta el derecho social a tener una vida digna.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece los criterios generales para un manejo sostenible de las finanzas públicas, recursos que deberán ser utilizados en base a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
En muchas ocasiones vemos que los gobiernos salientes dejan una deuda financiera a los gobiernos recientemente electos, hay deudas que se pueden considerar manejables, las cuales dependerán si están dentro de un balance presupuestario entre lo que se ingresa y lo que se gasta en el estado; pero hay ocasiones en que se heredan deudas que prácticamente dejan sin flujo y sin liquidez a la administración completa, comprometiendo el pago de nóminas, el pago a proveedores y en consecuencia compromete la sostenibilidad de programas sociales en rubros de salud, educación, obra pública, seguridad, entre otros.
Aquellos servidores públicos que comprometen el desarrollo de una entidad, estado o municipio deben ser sancionados administrativa, política e incluso penalmente, dependiendo de su nivel jerárquico, o incluso por su omisión de haber controlado la situación que se iba presentando y del cual tenían conocimiento.
Hay un rubro de vital importancia, las obligaciones a corto plazo, las cuales consisten en aquellas obligaciones contratadas a un plazo menor o igual a un año. Las obligaciones a corto plazo son las que más dañan las finanzas de un Estado cuando estas no se manejan adecuadamente; la ley establece que en todo momento el saldo insoluto total del monto principal de estas obligaciones a corto plazo no debe exceder el 6 por ciento de los ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos y que estas obligaciones a corto plazo deberán quedar pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente.
Considerando todo lo anterior, ¿Qué consecuencias hay para aquellos funcionarios que dañan a tal grado las finanzas de un Estado y que comprometen su desarrollo?
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece algunas sanciones que van desde la amonestación pública, suspensión o destitución del cargo, la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, la sanción económica, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Estatal o Municipal.
Penalmente pueden ser sancionados los servidores públicos por hechos de corrupción, ejercicio ilícito de servicio público, concusión, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito; los cuales dependerán de las investigaciones que deriven de la denuncia formalmente interpuesta por el funcionario público entrante o incluso por cualquier ciudadano.
Políticamente los servidores públicos pueden ser sancionados incluso por el propio partido político del cual es emanado; cada partido político cuenta con un Código de Ética de los Servidores Públicos. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional considera en su Código de Ética que el funcionario público emanado de su partido deberá de aplicar correcta, transparente, pero, sobre todo, responsablemente los recursos públicos, evitando cualquier discrecionalidad o desvío en la disposición de los mismos; así como también considera el propio Código que cuidaran el pago riguroso y puntual de los impuestos y obligaciones financieras que personalmente o a su dependencia o gobierno correspondan. Las consecuencias pueden ir desde una amonestación hasta la expulsión del partido, así como la denuncia formal ante la instancia correspondiente por el delito que le resulte.
Los ciudadanos duranguenses están sentenciados a vivir en un Estado con desarrollo económico limitado, los malos manejos financieros están condenando a varias generaciones de duranguenses que tendrán que dejar su ciudad en busca de oportunidades laborales; en consecuencia los malos funcionarios públicos también deben ser sentenciados a pagar por su mala administración, por su traición a la confianza que le depositó el ciudadano el día que votó por él, pero sobre todo sentenciarlo socialmente a nunca más ejercer un puesto público que dañe a nuestro desarrollo de Durango.