Sandra Amaya destaca que la nueva legislación busca castigar a quienes colaboren con grupos delictivos y proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes.
Por Luis Juárez
Durango, Dgo.- La diputada local Sandra Amaya aseguró que la Ley Antihalconeo ya es una realidad en Durango, y representa una herramienta jurídica para combatir una de las prácticas vinculadas a la operación de grupos delictivos, al establecer sanciones que van de tres a siete años de prisión para quienes incurran en esta conducta.
La legisladora explicó que la iniciativa fue impulsada mediante acuerdos con las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, lo que permitió su aprobación e incorporación al Código Penal.
Presentamos esta iniciativa que contempla de tres a siete años de cárcel para aquellos que incurran en este delito como es el halconeo”, señaló.
Amaya destacó que la legislación contempla penas más severas cuando se involucra a menores de edad en estas actividades, particularmente en entornos escolares, donde pueden ser utilizados para vigilar o recopilar información para grupos delictivos.
“Cuando se trate de menores de edad utilizados en escuelas o para involucrar a otros jóvenes, la pena puede incrementarse hasta los 20 años de prisión”, precisó.
La diputada consideró que esta nueva disposición legal se suma a las acciones que actualmente realizan los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, destacando la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como el reforzamiento de la presencia de elementos militares en la entidad.
Asimismo, señaló que el Congreso continuará trabajando en iniciativas enfocadas al fortalecimiento de la seguridad pública y al respaldo de las corporaciones policiacas, aunque insistió en que la prevención debe mantenerse como una prioridad.
Ojalá se puedan prevenir estos delitos; siempre apostamos a la prevención. A nosotros nos corresponde fortalecer las leyes y garantizar la legalidad”, expresó.
Finalmente, Sandra Amaya confió en que las instituciones encargadas de la procuración de justicia apliquen la nueva legislación con respeto a los derechos humanos y mediante investigaciones transparentes, con el objetivo de proteger a la juventud duranguense y evitar que sea reclutada o utilizada en actividades ilícitas.
