Por Fernando Madera
Durango, Dgo.
En nada quedó la sanción que se habría de imponer al diputado panista, José Antonio Ochoa Rodríguez, quien fue encontrado responsable de haber incurrido en violencia política en razón de género.
En marzo del año 2020, durante el desarrollo de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de Durango, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), durante su intervención al micrófono externó enojo por un acuerdo no cumplido por parte de los legisladores de MORENA.
Fue a principios de la legislatura que se decidió que en cada año legislativo, la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política sería para los grupos parlamentarios de MORENA, PRI y PAN.
Cuando tocaba el turno al partido blanquiazul, la mayoría de los legisladores de la llamada coalición parlamentaria “Cuarta Transformación” se retractaron y desconocieron el acuerdo; impidieron con ello que la JUGOCOPO fuera presidida por un legislador panista.
Durante el reclamo por la falta de cumplimiento a este acuerdo, el legislador panista tomó una cartera de huevos acomodados de forma fálica, y la entregó a la diputada Sandra Lila Amaya Rosales, en su calidad de coordinadora de la coalición parlamentaria.
Este gesto fue catalogado como violencia política en razón de género, al hacer alusión a la falta de valor para haber sostenido un acuerdo; fue denunciado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, donde se concedió la razón a la legisladora.
Los consejeros electorales turnaron el caso al Congreso de Durango para que fueran los legisladores quienes impusieran una sanción al diputado y el asunto se turnó ante la Comisión de Responsabilidades que preside el diputado Gerardo Villareal, Solís.
El legislador informó que finalmente, tras estudiar el caso, se determinó que no era posible sancionar a Ochoa Rodríguez, debido a que cuenta con el fuero constitucional que lo protege de ser reconvenido por las expresiones que realice durante el ejercicio de su función.
Existen casos similares en otras entidades del país, así como jurisprudencias donde se establece que aun y cuando se demuestre que se ha incurrido en este tipo de conducta, no es posible sancionar a un legislador quien no podrá ser reconvenido por sus expresiones.
