Bitácora del director – ¿Habrá dinero para cumplir las promesas?

Jun 21, 2018 / 10:51 am

Pascal Beltrán del Río

Por incitación intelectual de mi compañero Ángel Verdugo y de Carlos Núñez Toscano, de Banco Base, decidí asomarme a los números del costo financiero de la deuda en México y el impacto que en éste podría tener el inminente rally en las tasas de interés.

En 2013, el servicio de la deuda tuvo un costo de 345 mil 386 millones de pesos, dentro de un Presupuesto de Egresos de la Federación de tres billones 956 mil 351 millones de pesos.

En ese primer año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la proporción del presupuesto que debió dedicarse al servicio de la deuda fue de 8.72 por ciento.

¿Qué fue lo que ocurrió en los años siguientes? El aumento de la deuda del sector público se tradujo en un crecimiento del costo financiero de dichas obligaciones, que llega este año a 12.26% del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

En una década, la deuda pública bruta aumentó 285%. Pasó de dos billones 673 mil 571 millones de pesos en 2008 a 10 billones 265 mil 445 millones de pesos en 2018.

Este año, el gobierno federal deberá erogar 647 mil 479 millones de pesos para responder al costo financiero de la deuda. Como digo arriba, esto equivale a 12.26% del presupuesto o 3.5 puntos porcentuales más que hace un lustro.

Cada año, entre 2013 y 2018, el servicio de la deuda se incrementó en promedio en 53 mil 500 millones de pesos o 0.7 puntos porcentuales en el mismo lapso.

En tanto, el presupuesto se incrementó únicamente 33% en un lustro contra el aumento de 285% del monto de la deuda y 70% del costo financiero de ésta.

Ante este panorama, ¿qué ocurriría con un aumento sostenido de las tasas de interés y un deslizamiento continuo del tipo de cambio? Sobre todo, teniendo en cuenta lo que el proteccionismo podría provocar en los ingresos de un país, los cuales dependen fuertemente de las exportaciones.

¿Qué margen de maniobra presupuestal tendrá el próximo Presidente de la República –se llame como se llame– para cumplir con las promesas de campaña que ha hecho en la actual temporada electoral?

¿De dónde saldrán los subsidios adicionales que han ofrecido los tres candidatos presidenciales postulados por una coalición de partidos? ¿Cómo se justificará ese gasto mayor, considerando que todos han dicho que no aumentarán los impuestos e incluso podrían reducirse algunos de los gravámenes existentes?

La reflexión es importante, pues el actual estado de ánimo de la sociedad no parece tener mucho margen para la tolerancia. Las palabras son de saliva y si no se materializan en beneficios concretos, seguramente no faltarán quienes reclamen la falta.

En aras de ganar las elecciones, los tres principales candidatos han hecho toda clase de promesas cuya viabilidad financiera resulta dudosa, especialmente en vista de la forma en que se va reduciendo el margen de maniobra presupuestal.

BUSCAPIÉS

Poco después del partido entre México y Alemania, del Mundial de Futbol de Rusia 2018, comenzó a correr en redes sociales la versión de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto aprovechó la distracción de la opinión pública para meter un decretazo que privatizaba el agua.

Se trata de un claro ejemplo de fake news –o noticias falsas– que probablemente tiene el objetivo de incidir en los resultados electorales del domingo 1 de julio mediante un tema que resulta emocionalmente escandaloso. ¿A quién le va a gustar que le incrementen el costo de lo que paga por el agua?

Como toda noticia falsa, la especie se monta sobre un hecho verdadero: la expedición de diez decretos para crear una reserva de agua en sendas cuencas hidrológicas del país, en una zona que va de Nuevo León a Chiapas y de Veracruz a Colima.

La Conagua ha aclarado que dichos decretos de reserva de agua –que se basan en una ley de 1989 y habían comenzado al expedidos desde 2014– no privatizan el recurso, sino lo garantizan “para el consumo humano de generaciones futuras de mexicanos y para preservar el medio ambiente”.

Con dicha opinión coincidió la organización internacional World Wildlife Fund (WWF), que el 5 de junio pasado, al día siguiente de la expedición de los decretos –casi dos semanas antes del partido México-Alemania–, opinó en un comunicado que dicha decisión “protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas, 82 Áreas Naturales Protegidas y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar”.

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