Bitácora del director – Militares

Sep 26, 2018 / 8:18 am

Pascal Beltrán del Río

Los que vienen serán días de prueba, seguramente difíciles para las Fuerzas Armadas.

Mañana se cumplirán cuatro años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y, en ese marco, han comenzado a hacer cada vez más ruido las voces interesadas en ligar al Ejército con los funestos hechos de Iguala.

Seis días después, se conmemorará el cincuentenario de la masacre de Tlatelolco, culminación del movimiento estudiantil de 1968, en el que el propio Ejército fue involucrado en actos represivos por decisión del entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz.

Esas dos efemérides ocurrirán en un entorno de alternancia política, en el que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina están en proceso de dilucidar quiénes serán sus nuevos mandos –un general de división y un almirante, respectivamente–, que constitucionalmente deberán sujetarse a la autoridad del Presidente, su comandante supremo, quien tomará posesión en 67 días.

Debe recordarse, asimismo, que el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, –quien en campaña hizo señalamientos críticos sobre la actuación de militares en la lucha contra el crimen organizado– ha dicho recientemente que dicha tarea se mantendría mientras no se formen policías que puedan realizarla adecuadamente.

Por si eso fuera poco, está a punto de ocurrir la extinción del Estado Mayor Presidencial, cuyos actuales integrantes, por decisión del próximo titular del Ejecutivo, serán reintegrados en sus respectivas unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, luego de varias décadas de que el EMP se ocupara de la organización de las actividades presidenciales y la seguridad del propio mandatario, su familia y colaboradores.

Pero vamos por partes:

La participación de soldados en la desaparición de los normalistas ha sido un señalamiento constante desde los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, aunque esto nunca haya podido acreditarse en las investigaciones.

Los integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, han sido acusados por los familiares de los desaparecidos y algunas organizaciones sociales de hechos contradictorios entre sí: haberse llevado a los estudiantes y no haber actuado para impedir su secuestro.

Decir lo anterior no equivale en modo alguno a pedir impunidad para los militares. Desde luego, si apareciesen indicios de la participación directa o indirecta de soldados en la desaparición de los jóvenes, tendrían que ser investigados y, en su caso, procesados.

Lo que no puede justificarse es que, por vías extralegales, se señale al Ejército buscando desacreditarlo ante la opinión pública y, más aún, se ataquen sus instalaciones con piedras, pintas y bombas molotov, como hicieron encapuchados el jueves pasado, de paso destruyendo propiedad pública.

Parece inevitable que, a pesar de no haber pruebas del supuesto papel de soldados en los hechos de hace cuatro años, los señalamientos sobre su presunta culpabilidad se reforzarán en el contexto de la conmemoración de la masacre del 2 de Octubre.

En ese último caso, no hay dudas sobre el papel activo del Ejército en la represión del movimiento estudiantil de hace medio siglo, pero no debe obviarse la responsabilidad histórica que asumió, en torno de esos sucesos, el presidente Díaz Ordaz, quien no deseaba ver empañada la realización de los Juegos Olímpicos.

No deben mezclarse los hechos de 1968 y 2014. En el primer caso, los actos de represión fueron públicos y los soldados actuaban bajo las órdenes de Díaz Ordaz. Y, desde entonces, las Fuerzas Armadas han pasado por un proceso de transformación, cuya principal característica ha sido su lealtad a las instituciones democráticas.

Afirmar que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada no han cambiado en medio siglo sería tanto como decir que la canciller alemana Angela Merkel es la continuidad de Adolf Hitler o Erich Honecker.

Ojalá en los siguientes días haya la capacidad de reconocer las contribuciones sociales que soldados y marinos han tenido en años recientes.

Las Fuerzas Armadas han evolucionado, junto con el país, hacia una institucionalidad democrática que ha permitido tres alternancias en la Presidencia de la República en los últimos 18 años, sin perder nunca su lealtad y sujetándose siempre a la autoridad civil. Pero no sólo eso: su obediencia ha sido tal que han asumido tareas de apoyo a la seguridad pública que no les corresponden y para las cuales no estaban preparadas, en las que se han visto sometidas a labores extenuantes y peligrosas.

Sería deseable y justo que en los próximos días la clase política –y, sobre todo, la nueva mayoría en el Congreso– libere a las Fuerzas Armadas de la etiqueta trasnochada que algunos desean imponerles y las exonere de acusaciones sin fundamento.

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