Bitácora del director – Por una transparencia institucional, no voluntarista

Feb 8, 2019 / 8:08 am

Pascal Beltrán del Río
Ayer por la mañana, las secretarias de Gobernación y de la Función Pública hicieron sendas declaraciones públicas sobre un mismo tema que resultan contradictorias entre sí.
El tema era la revelación de que Olga Sánchez Cordero posee un departamento en Houston que no aparece en la declaración patrimonial que registró ante la Secretaría de la Función Pública.
La titular de Bucareli se inconformó por el hecho de que presentó –dijo ella– toda la información sobre sus bienes, pero que –a pesar de eso, agregó– la propiedad en cuestión, que tiene un valor de medio millón de dólares, no fue incluida en su declaración.
Sánchez Cordero responsabilizó de la omisión a Fernando Martínez García, director general de Responsabilidad y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Función Pública.
Irma Eréndira Sandoval, cabeza de esa última dependencia, afirmó a su vez que la propiedad en Houston no aparece en la declaración de Sánchez Cordero porque fue adquirida de forma mancomunada con su esposo, Eduardo García Villegas, y que el sistema Declaranet está diseñado para proteger la información de terceros.
Ante el aluvión de reacciones que produjo el tema, la secretaria Sánchez Cordero se sintió obligada de justificar la posesión del departamento, diciendo que a su esposo y a ella les había costado 100 años de trabajo adquirirlo, 50 años de ella y 50 de él.
Este sainete pudo haberse evitado fácilmente, me dijo ayer mismo el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohorquez, a quien entrevisté en Imagen Radio para que me diera su opinión.
La clase política, señaló Bohorquez, se ha resistido a cambiar los formatos para las declaraciones patrimoniales, pese a que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ya elaboró formatos nuevos, como mandata la Ley General de Responsabilidades Administrativas –conocida como Ley 3de3–, promulgada en julio de 2016.
“Siguen utilizando los formatos que estaban vigentes durante el gobierno anterior (…) Los nuevos formatos, elaborados en colaboración con el Banco Mundial, para incluir las mejores experiencias internacionales en la materia, están durmiendo en algún limbo burocrático, y no estamos echando mano de los mecanismos de control que la propia ley ya tiene. Todos los formatos son perfectibles, pero sin duda son mejores que los que tenemos hoy y con los que están dando tumbos varios servidores públicos en esta administración”.
Resulta difícil de entender que un gobierno que se ha apresurado en imprimir su sello en distintos rubros de la administración pública no haya tenido la iniciativa de usar los nuevos formatos, los cuales –agregó Bohorquez– debieron emplearse para registrar las declaraciones de salida de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.
A decir del director de Transparencia Mexicana, esto quizá se deba a que formatos del SNA piden más información que los que se usan actualmente, como la identidad de los acreedores que tiene el servidor público e incluso el número de millas de viajero frecuente que ha acumulado en comisiones de trabajo oficiales.
“Ahora se entiende por qué la academia, la sociedad civil, las organizaciones hemos insistido por tanto tiempo en tener un buen sistema de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, que nos permita prevenir los conflictos de intereses”, me dijo Bohorquez.
“No se trataba de colores, de simpatías o de antipatías, sino de un problema estructural que tenemos en el país y que por muchos años, después de que conseguimos que se aprobara la Ley 3de3, sigue dando problemas porque se niegan a hacer una nueva plataforma universal para las declaraciones, no sólo para la administración pública federal, que es algo que está considerado en la ley, sino para los tres Poderes y los tres órdenes de gobierno”.
La condena de la corrupción fue uno de los motores que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.
Por eso no tiene sentido persistir en viejos modelos de declaración patrimonial que sólo sirvieron para instaurar la opacidad en el servicio público.
No se trata de señalar a Sánchez Cordero como una funcionaria que posee bienes mal habidos. Está muy claro que el departamento en cuestión es algo que pudo adquirir fácilmente durante una vida de trabajo, sin tener que recurrir a algo ilegal.
Aquí se trata, más bien, de renunciar al voluntarismo como método para promover la honestidad de los funcionarios y apostar por modelos institucionales, como el Sistema Nacional Anticorrupción, que asegure que, más allá del partido que esté en el poder, el ciudadano pueda confiar en la pulcritud con que sus autoridades manejan el erario.

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