Cárcel al servidor público que entorpezca investigaciones por feminicidio

Gonzalo Martínez
Gonzalo Martínez 16/11/2021
Updated 2021/11/16 at 6:04 PM

Por Fernando Madera
Durango, Dgo.

Diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), buscan que el servidor público que decida entorpecer las investigaciones en casos de feminicidio, sea juzgado y castigado hasta con 12 años de prisión.
Los legisladores locales presentaron iniciativa para reformar el Código Penal, donde se establezca el castigo cuando retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia al delito de feminicidio.
Niñas, mujeres jóvenes, adultas y mujeres mayores viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia. Los feminicidios son la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres. Una constante de estos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que los acompañan.
El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades.
Tan solo en el año 2020, se registraron tres mil 723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.
Señalaron que lamentablemente en nuestro país y en Durango, las investigaciones sobre feminicidios, realizadas por las autoridades correspondientes presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia, lo que ha llevado a la perdida de evidencia, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género. Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes.
Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia.
De ahí que los legisladores morenistas busquen se castigue con penas que van de los ocho a los 12 años de prisión, cuando se compruebe que un servidor público incurrió en irregularidades que afectan la investigación de un feminicidio.

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