Por Gaspar Fernández García
Durango, Dgo.
Ernesto Aguilar, juez administrativo municipal, dijo que el desacato que emitió el Congreso del Estado es un desaseo jurídico que busca evitar que el alcalde José Ramón Enríquez busque la reelección y se basan en una resolución del mes de mayo, cuando el edil buscaba la senaduría.
Dijo que hay una imposibilidad jurídica que comparezca porque el alcalde se encuentra fuera del país, por lo que él mismo no está siendo omiso.
Añadió que el citatorio no tiene fundamento jurídico, donde el titular del área jurídica se ostenta como notificador, una sentencia que se dictó el 23 de mayo de 2018, donde no le dan un número de días para contestar.
Indicó que si fue el diputado Antonio Ochoa el que ordenó la notificación, es debido a que quiere contender para ser alcalde.
En el laudo del tribunal electoral se señala que no hubo disposición de recursos públicos por parte de Enríquez Herrera.
Cuestionó en base en qué se sancionó con 300 mil pesos al edil capitalino.
Dijo que el desacato es una figura jurídica gringa, que no aparece en la legislación local y como se le aplicaría una medida de apremio y apuntó que fundamentan mejor los bufetes de cobranza que en el Congreso del Estado.
Por lo que estableció que se defenderá al alcalde por todas las vías, ya que se le está dejando en estado de indefensión, inventando procedimientos y que si el Trife se hubiese equivocado, el Congreso del Estado no es el superior jerárquico.