Congreso de Durango obligado a sancionar al alcalde

May 6, 2019 / 10:54 am

Por Fernando Madera
Durango, Dgo.

La cámara de diputados tiene la obligación de emitir la sanción en contra del alcalde con licencia, José Ramón Enríquez Herrera; de lo contrario los legisladores podrían ser sujetos de responsabilidad.
Lo anterior queda de manifiesto en el expediente SUP-JD-86/19 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Congreso de Durango se encuentra aún en la etapa de calendarización del juicio sumario que habrán de desahogar con motivo de las violaciones a la ley electoral cometidas por el también senador con licencia.
Enríquez Herrera, en su calidad de Presidente Municipal de Durango, utilizó recursos públicos para la contratación de espacios televisivos donde destacó su voz y su imagen, actos prohibidos al considerarse como una promoción personal y no de la instancia de gobierno que representa.
De ahí que el Tribunal Electoral al conocer de la queja interpuesta en su contra, del análisis realizado por los Magistrados se constató que sí fueron utilizados recursos financieros de las arcas municipales para la promoción personal.
El órgano jurisdiccional turnó al Congreso de Durango el caso para que actuara en consecuencia y desde entonces, los legisladores han proyectado transitar por varias vías sancionatorias.
Los congresistas aprobaron las reglas procesales, medio de conducción para el desahogo del proceso especial sancionador.
El parlamento no deberá buscar alterativas diferentes a la sanción, así lo señala el expediente de la Sala Superior donde se establece con claridad que “el acatamiento de las sentencias de esta Sala Superior es de orden público y obligatorio para todas las autoridades…”.
Señala enseguida “(…) de incumplir los fallos, podrían ser sujetas a responsabilidad administrativo, penal o político”.
Los legisladores no tienen salida; de no cumplir con lo dispuesto por la Sala Superior, podrían ser ellos los sancionados.
Además en el documento se señala que la sentencia emitida por los Magistrados “es inmutable y constituye cosa juzgada ya que no existe la posibilidad jurídica ni material para que, mediante la presentación de una nueva petición u otro medio de impugnación, la Sala Superior pueda modificar o revocar sus propias determinaciones”.

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