El Giocondo en Contexto

Jul 11, 2019 / 7:54 am

Alejandro Flores de la Parra
Twitter: @AlejandroFdelaP

Deshojando la flor de la esperanza.
El martes 9 de julio, el gobierno federal da la nota de nuevo. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, presenta su renuncia de forma inesperada al presidente de la república, agradeciendo la oportunidad, pero, al mismo tiempo, aceptando haber tenido discrepancias con el mandatario porque en su administración, dijo, se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento, lo que deja al desnudo lo que muchos hemos comentado: el gobierno federal está improvisando y actuando según la voluntad del presidente, aún sin estudiar las posibles consecuencias de sus actos.
Además de lo anterior, el exfuncionario condenó como inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública, denunciando «influyentismo» propiciado por personajes del actual gobierno, señalando, además, estar en patente conflicto de interés.
Los motivos en los que basa su renuncia, dejan en entredicho las fortalezas en las que apoya, Andrés Manuel López Obrador, su gobierno. Como primera bandera, insiste en que en su gobierno no hay ni habrá corrupción, pero, como dice una famosa frase (de la que desconozco el autor), «el primer acto de corrupción de un funcionario público, es aceptar un cargo para el que no está preparado» y, si lo que Carlos Urzúa dice, es cierto, podríamos suponer que el gobierno federal actual, está plagado con personajes que lo corrompen al no estar preparados para los cargos que les son designados (no es que sea el primero y mucho menos el único). Hay ejemplos que se han notado desde el principio, como el caso de la periodista Sanjuana Martínez Montemayor, como directora general de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, quien además de ser cero receptiva a las críticas, ha empleado tiempo en detectar las fuentes de los comentarios negativos hacia el gobierno, en lugar de priorizar la correcta comunicación de las acciones del Estado.
Más allá de la renuncia y aunado a lo que se ventiló del gobierno con la carta de Urzúa, está aún latente el tema de la autorización que la Cámara de Diputados dio a la «partida secreta», con su respectivo aval del Senado de la República, para el uso discrecional de recursos por parte del presidente, mediante la aprobación de la Ley de Austeridad. Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública y Martí Batres, presidente del Senado, salieron en su defensa señalando injusta la denominación que se le dio en medios, apelando a que habrá transparencia. Incluso el presidente mismo, declaró: “Todo esto de la partida secreta es de risa. ¡Cómo no va a calentar que digan: «Va a manejar una partida secreta»! Espérate, eso sí calienta. No soy Salinas (de Gortari). ¡Vamos respetándonos!” en su ya cansada y poco interesante conferencia matutina. Se dijo ofendido y rechazó que vaya a manejar una partida ‘discrecional’, pues la regla de oro de su gobierno es la transparencia y Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP) son mecanismos de control que deberán estar informando periódicamente al Congreso para que sean vigilantes del gasto. Justo ahora, con la salida de Urzúa y los motivos que le orillaron a ella, se antoja difícil, siendo tan pocas las voces críticas al interior de la administración, que los órganos de control, como la SFP y un Congreso de mayoría morenista y con integrantes que llegaron ahí sin ningún tipo de mérito, más que haber estado en una boleta el día que se votó por Obrador, vayan a ser vigilantes y observantes del buen destino y ejercicio de los recursos que controlará única y exclusivamente su héroe político que los llevó a donde ni siquiera habrían imaginado.
El gabinete ya había sido objeto de enmendaduras, ya que, con la salida de Urzúa, suman 14 funcionarios de mediano y alto nivel, que han solicitado separarse de la administración, en apenas siete meses: Carlos Manuel Urzúa Macías, SHyCP; Tonatiuh Guillén López, al Instituto Nacional de Migración en medio del endurecimiento de las medidas migratorias en México; Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas quien anunció que no podía continuar en el cargo por considerar que la política de atención a víctimas “debe impulsarse desde un nuevo liderazgo”; Omar Hamid García Harfuch, jefe de la Agencia de Investigación Criminal y Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, subprocurador de Delitos Federales; Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, por tener “una visión diferente” de la de los nuevos integrantes de este organismo, sumado a Guillermo Zúñiga Martínez quien también era consejero de la misma CRE; Josefa González Blanco Ortiz Mena, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien renunció luego de retrasar un vuelo que iba de la Ciudad de México hacia Mexicali, Baja California; Germán Martínez Cázares, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien se fue tras denunciar que funcionarios de Hacienda tienen “una injerencia perniciosa en la operación del instituto y “ponen en riesgo” la prestación de los servicios de salud; Patricia Vázquez del Mercado, consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; Patricia Bugarín Gutiérrez, subsecretaria en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Simón Levy Dabbah, subdirector de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo; Clara Torres Armendáriz, responsable del Programa de las Estancias Infantiles, por diferencias con la estrategia que el gobierno federal implementó en la Secretaría del Bienestar y Gaspar Franco Hernández a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
A todas estas salidas, considerando que algunas se han dado por motivos personales, la expresión del presidente y de muchas de sus voces defensoras es la misma: “No entienden esta nueva forma de gobernar”. Mientras se sigue deshojando la flor de la esperanza, esperemos que los nuevos pétalos sí entiendan la transformación y, sobre todo, tengan la claridad mental para ser congruentes y que sus acciones correspondan a la naturaleza de los encargos que reciben, porque aunque la manera de gobernar sea diferente, debe haber un respeto irrestricto a las leyes emanadas de la Constitución y a las que juraron respetar y hacer respetar. En caso contrario, la nación se los demandaremos.

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