Por Fernando Madera
Durango, Dgo.
No es broma, el Congreso de Durango aprobó reformas para eliminar los altos salarios que percibían los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema local Anticorrupción.
Fue durante el periodo extraordinario convocado por la Comisión Permanente del Congreso de Durango, que se aprobaron las reformas a los artículos 17 y 24 de la Ley del Sistema Local Anticorrupción.
La Comisión de Administración Pública analizó la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios de MORENA, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional así como de la representación del Partido Verde Ecologista de México.
El dictamen indica que “el combate a la corrupción es una parte esencial en la construcción y consolidación de un Estado de Derecho, pero el combate a la corrupción no debe servir para generar una burocracia de alto costo para la sociedad, donde los sueldos de los funcionarios llegan a ser exorbitantes para los resultados que espera la sociedad”.
Añadieron que en cumplimiento a los artículos 113 de la Constitución y el artículo 36 de la Ley General Sistema Nacional Anticorrupción, se estructuró el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, sin embargo, se señaló que los integrantes de dicho órgano colegiado percibirían honorarios similares a los de alta dirección del Poder Ejecutivo del Estado, fluctuando estos en los siguientes rangos: de 75 mil 360 a los 91 mil 755 pesos.
Los iniciadores dejaron en claro que “es claro que estos honorarios resultan excesivos en un entorno donde se debe privilegiar la austeridad, basta con recordar que en para el próximo ejercicio fiscal dejaran de existir diversos organismos públicos descentralizados, con lo que se permitirá una serie de ahorros que serán aprovechados en ramas de vital importancia como la salud y el desarrollo social”.
Asimismo señalaron que en México la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción señala que: “Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva”.
Enumeraron además las leyes estatales donde el texto relativo a esta figura se adapta a lo establecido en la legislación nacional; en esta tesitura se encuentran los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Campeche, Chiapas, Chihuahua, además de 25 entidades federativas más; Durango se encontraba entre las pocas que sí dotaban de un salario a quienes tienen la encomienda de combatir los actos de corrupción.
La reforma aprobada por los legisladores señala que: “los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva”.
Con ello, en teoría los integrantes del consejo, dejarán de percibir los altos salarios que se les tenía asignados y que, ante los prácticamente nulos resultados en el combate a la corrupción, resultaba un oneroso gasto.
Este decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2021, previa publicación en el periódico oficial; con ello, todos los contratos que se firmen a partir de esta fecha para los integrantes de este consejo, deberán apegarse a esta reforma.