Implicados en agresión se mantendrán en prisión preventiva

Nov 22, 2018 / 10:57 am

Texto y fotos: Fernando Madera

Durango, Dgo.

Dos de las personas señaladas de haber participado en la agresión física en contra de Brian Eduardo Parra Luna, se mantendrán en prisión preventiva ante el riesgo que busquen evadir la acción de la justicia.

Poco antes de las 10:00 horas, alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), acudieron a las instalaciones del Centro de Reinserción Social 1 (Cereso), el cual cerró sus puertas como medida de prevención.

Divididos entre quienes acudieron a apoyar al joven lesionado, los otros para manifestar su apoyo a los implicados en los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones calificadas.

La sala de audiencias llenó sus butacas con familiares y amigos. La audiencia inició poco después de la hora pactada (9:45 horas), debido a que los jóvenes imputados aun no eran trasladados de los separos del centro penitenciario a las instalaciones de las salas de juicios orales.

Desde la noche del martes se conoció la aprehensión de los hermanos Favián y Fausto, a quienes se les acusa de participar en los delitos ya señalados.

La Fiscalía General del Estado les había girado un citatorio para que de manera voluntaria se presentaran a comparecer por los delitos que se les imputa. No acudieron y debieron ejecutarse las órdenes se aprehensión para ser llevados por la fuerza pública.

Ya por la mañana otro de los implicados, Necker Alejandro decidió no esperar a las acciones de las Policía Investigadora de Delitos y acudió de manera voluntaria ante el juez de control.

Los tres señalados tomaron asiento en la mesa de la defensa. Al otro extremo el joven Brian quien mantiene su cabeza con vendajes por las lesiones que le fueron causadas. Portaba además un gorro para mejores cuidados.

A los jóvenes se les preguntó si se les habían leído sus derechos; los derechos Miranda se deben aplicar a cualquier persona detenida y son básicos. Derecho a guardar silencio, lo que diga podrá ser usado en su contra, derecho a un abogado, entre otros.

Aceptaron que les fueron leídos pero aun así, el juez de control decidió enumerarlos una vez más para, en caso de alguna duda, se les respondiera con exactitud.

LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN

El agente del ministerio público dio a conocer los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación donde se asentaron los hechos ocurridos el 7 de noviembre aproximadamente a las 13:15 horas en la calle Francisco Sarabia y calle Venado de esta ciudad capital.

En ese lugar el joven Brian Eduardo Parra Luna fue interceptado cuando viajaba en un automóvil, por varias personas quienes lo increparon y enseguida ordenaron bajara del automóvil.

Fue golpeado por varias personas, al menos ocho y de eso existe un video que circuló en las redes sociales; será incluido como parte de las pruebas de cargo en contra de los imputados.

Lo subieron a una camioneta de color negro, cerrada; le colocaron un saco negro en la cabeza y enseguida lo trasladaron a un domicilio ubicado en calle Zaragoza de la zona centro.

Conforme a la formulación de imputación, en ese lugar se encontraba el joven Favián, quien utilizó una pistola de color negro, le dio “carro” y apuntó a la cabeza de Brian.

Le preguntó que si sabía por qué lo habían llevado; enseguida le indicó eso le pasaba “por pendejo”. En ese lugar continuaron los golpes.

Las diferencias entre ambas personas surgieron a consecuencia del señalamiento realizado por Brian en contra de Favián, a quien acusó ante las autoridades universitarias de desfalco y robo de los recursos asignados a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUD).

La privación de la libertad fue de casi una hora. Ya habían dado aviso a los familiares que habían “levantado” a Brian afuera de la escuela de Medicina. Llamaron a su celular pero no obtuvieron respuesta.

El aparato de comunicación le había sido retirado al Brian y le exigieron les diera la contraseña para checar su contenido. Llamadas, mensajes y todo lo que les pudiera ser de utilidad.

Golpeado lo subieron nuevamente a un automóvil para dejarlo en algún punto de la ciudad, no sin antes advertirle que no denunciara nada de lo ocurrido y para justificar los golpes, dijera que lo habían asaltado. Finalmente fue encontrado por sus familiares.

PIDIÓ RECLASIFICAR LOS DELITOS

El asesor victimal, quien se encontraba justo a un lado de la víctima, cuando se le concedió la palabra, manifestó su desacuerdo con el agente del ministerio quien había formulado imputación por los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones calificadas.

Señaló que habría que reclasificar el delito de privación de la libertad por el secuestro exprés, ya que toda vez que se apoderaron de su teléfono celular, no le fue devuelto y eso constituye un robo.

Además, tendría que añadirse en todo caso ese mismo delito, robo agravado ya que se realizó con violencia.

El asesor busca se imponga una pena de prisión alta, de ahí que considerara necesario reclasificar el delito argumentado por el agente del ministerio público.

LOS SUPUESTOS DE CULPABILIDAD

Contexto de Durango entrará en un ejercicio del supuesto de culpabilidad, donde uno o los hasta ahora tres imputados son sentenciados a cumplir con las penas señaladas en la legislación mexicana.

En caso de mantenerse la clasificación de los delitos, por privación de la libertad personal se impondría de cuatro a ocho años de prisión, conforme al artículo 161 del Código Penal vigente en Durango.

Por el delito de lesiones calificadas la pena a imponer serían de dos años siete meses hasta cuatro años. El agente del ministerio público señaló que las lesiones que le fueron causadas al joven Brian, tardarán más de 60 días en sanar.

Conforme al artículo 140 fracción tercera del Código Penal, cuando las lesiones tardan en sanar ese tiempo, se impone una pena de prisión de dos a tres años, pero se aumentan en una tercera parte cuando las lesiones sean calificadas y para que esto se cumpla, debe existir premeditación, alevosía y ventaja.

En total podrían pasar en prisión de seis a 12 años, al sumar ambas penas en sus mínimas y máximas.

Pero, si se lograra la reclasificación del delito a secuestro exprés, entonces la pena aumentaría considerablemente.

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, señala en su artículo 9 inciso D que, en el delito de secuestro exprés, se impondrá una pena de prisión de 40 a 80 años.

Ahora bien, comete el delito de secuestro exprés el que para ejecutar los delitos de robo o extorsión, “prive de la libertad a otro”.

Pero, la situación se agrava cuando se ha cometido con violencia y hayan intervenido dos o más personas; entonces la pena a imponer es de 50 a 90 años de prisión.

Conforme a la imputación, se utilizaron ambos elementos en el caso que ahora ocupa la atención de la sociedad duranguense.

NO DECLARARON

Representados por abogados particulares, los imputados optaron por no declarar y se mantuvieron la mayor parte del tiempo con la mirada y cabeza hacia abajo. Solo por momentos eran aconsejados por sus abogados.

El agente del ministerio público solicitó entonces se les impusiera como medida cautelar la prisión preventiva, dado que existía el riesgo de sustraerse a la acción de la justicia o bien, causar daños a la víctima o los testigos.

Recordó que la Fiscalía General del Estado había enviado los citatorios correspondientes a los jóvenes indiciados, pero no se presentaron como se esperaba, de manera voluntaria.

La noche del martes elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron a los domicilios previamente ubicados, a realizar las detenciones de ambas personas quienes fueron internados en el Cereso a la espera de desahogar la primera audiencia.

La defensa de los imputados sostuvo que no existían los elementos probatorios suficientes para imponer la prisión preventiva como medida cautelar, dado que los delitos invocados no eran de prisión preventiva oficiosa.

Alegó además que si bien se había señalado la utilización de un arma de fuego, no se contaban con los elementos probatorios que de manera categórica determinaran la veracidad de ese supuesto.

Recordó además que, conforme al sistema penal acusatorio, tratados internacionales firmados por el estado mexicano y otros criterios jurisdiccionales, la prisión preventiva debía ser la última alternativa.

Pidió se les impusieran medidas distintas al internamiento en el Cereso, alguna o varias de las que enmarca el Código Nacional de Procedimientos Penales y que van desde la presentación semanal, la prohibición de salir del estado, depositar una garantía económica, entre otras.

Sin embargo el juez determinó que existían los elementos suficientes para imponer la prisión preventiva, a fin de garantizar la presentación de los imputados a las audiencias posteriores.

Solamente en el caso del joven Necker Alejandro no se le impuso esa medida, ya que había acudido de manera voluntaria y espontánea a comparecer ante el juez.

Necker Alejandro había acudido ante justicia federal para solicitar un amparo, mismo que le fue condicionado a la presentación voluntaria ante el juez de control.

Esa disposición de afrontar los cargos que le fueron imputados, le valió para que el juzgador considerara que puede continuar su proceso en libertad sin que exista el riesgo de fuga.

Pero, en el caso de Favián y Fausto, el juzgador indicó que había sido necesaria la intervención de la Policía Investigadora de Delitos para llevarlos a comparecer ante la omisión de acudir vía citatorio.

Además, cuando se acudió al domicilio indicado para entregar la notificación en calle Zaragoza, negaron que ahí viviera.

Ambos datos dieron como resultado que se considerara que las personas imputadas buscaban evitar comparecer ante el juez por los hechos que les son señalados.

El juez de control precisó entonces que la única manera de garantizar su comparecencia, sería imponer la medida cautelar de prisión preventiva hasta en tanto se resuelva la vinculación a proceso.

Será el lunes 26 de noviembre a las 13:00 horas cuando se desarrolle la audiencia donde se habrá de escuchar los alegatos de la defensa.

El juez de control, toda vez que cuente con todos los elementos de esta primera etapa, determinará si existe la duda razonable de su probable participación en el hecho constitutivo de delito y decidirá si se les vincula o no a proceso.

De ser así, entonces continuará el proceso penal y los imputados Favián y Fausto podrían seguir en prisión preventiva. Si se declara la no vinculación a proceso, entonces se ordenará su inmediata libertad. 

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