Instituciones mexicanas procesaron demanda social de un sistema anticorrupción, la próxima administración puede implementarlo y dar resultados: Joel salas

Oct 26, 2018 / 17:09 pm

* México fue efectivo para procesar la demanda ciudadana de construir un sistema que controlara la corrupción, ante cambio de administración, el desafío es su plena implementación para que dé resultados y evaluar su desempeño

* El comisionado del INAI participó en la 4ta Reunión de la Alianza Internacional de Cazadores de Corrupción del Grupo del Banco Mundial

La transparencia en los últimos años demostró que la corrupción era estructural al sistema político mexicano. Por lo que exigiendo que la corrupción no quedara impune, en 2016 una movilización social inédita recolectó más de 630 mil firmas para exigir la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Este Sistema se construyó a partir del diálogo entre sociedad civil y el Congreso de la Unión en un ejercicio inédito de parlamento abierto, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez al participar en la 4ta Reunión de la Alianza Internacional de Cazadores de la Corrupción (ICHA, por sus siglas en inglés) del Grupo del Banco Mundial celebrada en Copenhague, Dinamarca.

“Los diversos casos de corrupción revelados por el periodismo de investigación y el ejercicio del derecho de acceso a la información, provocó que en 2016 la sociedad mexicana se activara y saliera a las calles para demandar un alto a la corrupción. Y el respaldo de 634 mil firmas de ciudadanos generó que la iniciativa ciudadana conocida como “Ley 3 de 3” se discutiera bajo un mecanismo de parlamento abierto, se aprobara y se sumara al paquete de 7 leyes que dieran vida al SNA. Hoy en México contamos con un Sistema Anticorrupción que tiene la virtud de sentar un piso mínimo en la lucha anticorrupción en todas las entidades federativas y fomenta un trabajo coordinado entre autoridades de todos los niveles de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de la corrupción. Sin embargo, este sistema aún no funciona a cabalidad por la falta de nombramientos, a nivel federal, del Fiscal Anticorrupción y Magistrados Anticorrupción, y en el plano estatal, por diversas designaciones pendientes que limitan la integración de algunos Sistemas Estatales Anticorrupción”.

Durante su participación en el panel titulado “Datos y privacidad: herramientas emergentes, prácticas y regulaciones. Acceso público a información financiera”, Salas Suárez manifestó que la publicación de las declaraciones patrimonial y de intereses de los servidores públicos mexicanos, que entrará en vigor a partir del 30 de abril de 2019 es una conquista de la exigencia ciudadana, pero también la elaboración de los formatos y la normatividad que los rige es un logro contundente del SNA y muestra de que sí es posible la coordinación entre diversas instituciones, miembros y no miembros de este Sistema Nacional Anticorrupción.

“En menos de tres años de ocurrida esa movilidad social, esa exigencia ciudadana se cristalizará en obligatoriedad para todos los servidores públicos del país para que publiquemos nuestras declaraciones de intereses y patrimonial. Incluyendo datos de cónyuges o concubinos, así como de dependientes económicos”, apuntó.

Joel Salas Suárez señaló que los datos de los formatos serán vaciados en unos sistemas informáticos que interoperarán en la Plataforma Digital Nacional y que el reto por delante de esta plataforma es que sea más que un repositorio de datos para que sea posible usar fácilmente los datos que contiene. Ante la coyuntura que vive el país de transición de gobierno federal, la pregunta que queda en el aire es: ¿si el próximo gobierno federal contribuirá con la lucha anticorrupción a través del Sistema Nacional Anticorrupción, sistema emanado de la exigencia ciudadana y la construcción institucional?

“¿Para qué nos servirá la publicación de todos estos datos? Todas las instituciones miembros del SNA tendrán acceso a los datos de las declaraciones, pero también los ciudadanos. La publicidad de declaraciones patrimonial y de intereses es un logro de la exigencia ciudadana que debe respetarse y detonar la lucha anticorrupción hacia el futuro, por ejemplo, a través del análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos. El reto que tenemos por delante es activar la inteligencia colectiva y la colaboración entre el próximo gobierno federal y los ciudadanos que dieron vida a la 3 de 3 para que esta información sea útil para identificar, investigar y sancionar actos de corrupción”, enfatizó.

El comisionado Salas aseguró que el INAI fue consultado para garantizar el cumplimiento tanto al derecho de acceso a la información como el de protección de datos personales en la publicación de estos formatos ante la contraposición entre publicidad y confidencialidad que desató un arduo debate entre las instituciones involucradas.

“En un proceso de más de 8 meses, diversas instituciones, miembros y no miembros del SNA, colaboramos para la conformación de los formatos de declaraciones cuidando los datos que deberían contener, así como las normas que regularán su llenado y los límites entre la publicidad y la confidencialidad de dichos datos. Por lo que el INAI fue consultado para conocer su opinión técnica. En el INAI consideramos fundamental adelantar la entrada en vigor de los formatos para que los servidores públicos del gobierno federal que concluye también estuvieran obligados a llenarlos, pero se descartó nuestra propuesta porque habría que esperar debido a las limitaciones tecnológicas”, finalizó.

La Alianza Internacional de Cazadores de Corrupción (ICHA) del Grupo del Banco Mundial es una plataforma global que amplía el diálogo sobre temas de vanguardia en la lucha anticorrupción, como los flujos financieros ilícitos y la propiedad de beneficiarios finales.

Esta plataforma organiza una reunión bienal, en la que participan representantes de más de 100 países que trabajan en primera línea para detener la corrupción, y les permite analizar conjuntamente desarrollos nacionales y mundiales e intercambiar información crítica para el éxito de su trabajo.

En el panel también participaron: Sabrina Mancini, de la División de Investigaciones de Fraudes del Banco Europeo de Inversiones; Judy Krieg, del Bufete de Abogados “Field Fischer”; Bogdan Stan, de la Agencia de Integridad de Rumanía. Como moderadora de la mesa fungió Ceri Lawley, director de Cumplimiento del Banco Mundial.

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