Por Fernando Madera
Durango, Dgo.
Las corporaciones de seguridad pública mantienen el liderato en las quejas interpuestas ante la CEDH por violaciones a los derechos humanos, entre estas, introducirse a los hogares sin una orden de cateo.
A la vieja usanza de la ley del garrote, algunos agentes policiales recurren al uso excesivo de la fuerza y el incumplimiento de la ley. Transgreden los protocolos establecidos en los códigos penales y la propia Constitución Política de México.
Las quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en materia de seguridad pública se enmarcan en siete causales que van desde la faltar a la legalidad y honradez, hasta apoderarse de un bien inmueble.
Conforme a lo establecido en las normativas vigentes, para que un agente policial pueda ingresar a una vivienda, debe contar con una orden de cateo expedida por un juez. Existen algunos casos excepcionales como la flagrancia del delito.
Pero no todos los agentes cumplen con esos principios y aplican sus órdenes de cateo sin autoridad competente que lo haya avalado.
Por ello en la CEDH se han recibido de enero a mayo 50 quejas por “incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o en la ejecución de este, así como para las visitas domiciliarias”.
En la mayoría de los casos, no solo se señala el abuso de autoridad cometido, sino además daños ocasionados a la vivienda cateada porque, al no contar con una orden judicial, deben utilizar la fuerza.
En años anteriores ya se han emitido las recomendaciones correspondientes a esa causa de quejas, pero las viejas prácticas continúan debido a la ausencia de una sanción ejemplar.