Nudo gordiano

Nov 11, 2017 / 10:26 am

YURIRIA SIERRA

SCJN vs impunidad

Hace un par de días, una familia no tuvo para pagar un flete donde transportar un ataúd, entraron al Metro y el policía a cargo de la estación, seguramente conmovido, les dio permiso de ingresar con él. Ayer, las autoridades del Metro informaron que el agente será sancionado, que, aunque saben que actuó de buena voluntad, violó los reglamentos: nadie puede entrar al STC con objetos de gran volumen. No creo que pasar por alto este incidente hubiera sido un acto de impunidad, pero el mensaje que, imagino, quieren dar las autoridades es que los lineamientos no se deben romper. Desgraciadamente, este caso es el menor, muy menor, de nuestros males. La impunidad es un problema anquilosado dentro de las instituciones de nuestro país. Ejemplos hay varios y, al respecto, hace un par de días la Suprema Corte nos dio una probada de sus afortunados alcances:

El miércoles, de manera histórica, resolvió que el delegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, debía dejar su cargo. ¿La razón? Desacato. No cumplió con órdenes expresas que lo obligaban a cubrir responsabilidades claras de su función: dar elementos necesarios para que los trabajadores desempeñen su trabajo, pagar diferencias de sueldos y aguinaldos, entre otros. Y como esto no fue cubierto en tiempo y forma, llevó a los afectados a interponer una demanda y ésta terminó en un amparo que les fue otorgado. Pero si el delegado no cumplió en su momento, tampoco lo hizo con la orden legal. La obligación no fue atendida. El tema creció y creció hasta que llegó a la Corte, quien hizo lo que debía y resolvió la destitución de Moreno por una razón muy simple: si alguien no cumple con su trabajo, no hay razón para mantenerlo en su puesto. Así funciona, por ejemplo, el sector privado. ¿Usted le seguiría pagando un salario a quien no cumple con el trabajo encomendado? Más aún, ¿dejaría sin sanción a quien en repetidas ocasiones se le ha dado una orden que no queda resuelta?

Y así como Moreno Rivera, en la lista de pendientes de la Corte, y con expedientes similares, estaban Víctor Hugo Lobo y María Cristina García Cepeda. El delegado de la Gustavo A. Madero debía cumplir con una sentencia de nulidad a favor de Aceros La Brecha, S.A. de C.V., un lío de construcción que estaba desde 2015. Pero la orden quedó en el olvido. Por su parte, María Cristina García Cepeda debía cumplir a un laudo emitido desde 2011, resuelto gracias al amparo que les fue dado a las tres personas que lo reclamaban. En este caso, es cierto que la resolución data de hace seis años, antes, incluso, del inicio de este sexenio, pero obligaciones son obligaciones y debían ser cubiertas. Lástima por García Cepeda, quien estuvo a punto de pagar por ese añejo olvido.

El tema aquí es que ambos, el delegado y la secretaria federal, se esperaron hasta el último momento para acatar las órdenes. No es que no estuvieran enterados de la falta de cumplimiento, sino que reaccionaron a partir de la resolución contra el delegado de la Venustiano Carranza. Cumplieron cuando hubo una consecuencia que jamás habría llegado si los funcionarios cumplieran con sus obligaciones. Además de ser la primera vez que la Corte ordena una destitución, la decisión fue histórica porque se convirtió en una respuesta y un necesario —y urgente— susto para esos adoradores de la cultura de impunidad que existen dentro de la política nacional y que nos dan diariamente ejemplos de que no pasa nada contra viles actos de corrupción. Actos que forman parte de una cadena de omisiones en la que también se incluyen aquéllos que no son capaces de cumplir con sus funciones al momento, y estos otros que tampoco lo hacen ni porque hay una orden legal.

Otro país seríamos si las leyes fueran respetadas. Aplaudo la resolución de la Corte contra quien no cumple con sus obligaciones. Pero qué lástima que tengamos que llegar a estos extremos, porque eso habla de lo profundas de las raíces de la impunidad.

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