Opinión del Experto Nacional

Abr 16, 2018 / 8:50 am

Educación para la democracia

La defensa de la educación pública —no de intereses de grupo o salvaguarda de privilegios— es más eficaz con un trabajo profesional.

Por Carlos Ornelas*

Es tiempo de campañas políticas; mucha gente quiere hacerle llegar sus propuestas a los aspirantes a la Presidencia y, si no se puede, a los postulantes a puestos menores. Estoy convencido de que la mayoría de los proyectos que personas y organizaciones presentan a los candidatos son ejercicios en optimismo. No los van a leer, menos a tomar en cuenta. Hoy hago una maniobra de otra índole. Me pregunto cómo pudiera ponerse en práctica —a partir de lo existente— un gobierno democrático de las escuelas.

La educación para la democracia transita por el gobierno democrático de las escuelas (Dewey dixit). Complemento: el gobierno es política, no nada más administración. Con todo y que repruebo el uso de la palabra gobernanza, ciertos de los razonamientos expuestos en el Capítulo V del Modelo educativo para la educación obligatoria que propone la SEP abren la puerta —o al menos ofrecen la oportunidad— para ampliar la deliberación democrática en la base del sistema, en cada escuela. El Modelo asienta una estrategia de arriba hacia abajo.

Sin embargo, casi de inmediato despliega la posibilidad de franquear ese trazado al destacar que: “El nuevo esquema que coloca la escuela al centro del sistema educativo no sólo supone un cambio en la gestión y en la pedagogía, sino que implica una transformación cultural de la mayor relevancia, en la cual se subordina todo ejercicio de la autoridad al aprendizaje de los estudiantes”. De acuerdo, es oferta, no realidad.

En lugar de nada más criticar esta propuesta, pienso que vale la pena tomar en serio la idea de colocar la escuela al centro de la política educativa. Veo una coyuntura para poner en práctica la estrategia que propuso Jacques Delors, en su célebre, La educación encierra un tesoro: “La participación de la comunidad local en valorar necesidades por medio del diálogo con las autoridades y grupos interesados en la sociedad es una primera, esencial, etapa para ensanchar el acceso y mejora de la educación”. El desafío consiste en cómo involucrar al mayor número de maestros que conciban a la democracia como un ejercicio de la crítica y la acción libre.

Impugno la idea de que hacer huelgas, marchar por las calles y sitiar a las autoridades son acciones democráticas. La defensa de la educación pública —no de intereses de grupo o salvaguarda de privilegios— es más eficaz con un trabajo profesional. Los maestros la deben practicar —lo hacen ya en cierta medida— con su acción en la escuela y en las relaciones cotidianas con sus pares, alumnos y padres de familia; también con las autoridades inmediatas, pero no con un talante de subordinación, sino de respeto. La jerarquía, en las relaciones democráticas, no desaparece, pero se basa en la deliberación.

Ésa es una aspiración para el plazo largo. No obstante, ese vencimiento se compone de términos breves. El requisito previo es desmantelar la hegemonía del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acabar con su temple vertical y autoritario que se funda en su estructura nacional. En lugar de la afiliación obligatoria, implantar sindicatos libres donde los maestros funcionen en libertad sustancial para elegir a sus representantes y actuar en su profesión. El gobierno, cualquier gobierno, no atentará contra el SNTE, liberarse del yugo corporativo es una tarea de los maestros mismos.

No me hago ilusiones, abogo por un proyecto democrático para la educación nacional, pero conozco las barreras que impone el corporativismo. El sindicalismo libre es el antídoto contra el autoritarismo y un instrumento clave del gobierno democrático de las escuelas. No me engaño con la idea de que el cambio democrático venga de arriba, por eso no me preocupa si los candidatos a cualquier puesto de elección popular no leen mi pieza.

*Académico de la Universidad

Autónoma Metropolitana.

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