Se debe de garantizar reparación del daño

May 22, 2020 / 15:44 pm

Que autoridades cuenten con un presupuesto específico para ello


Durango, Dgo.
La diputada Cinthya Martell Nevárez presentó la iniciativa de reformas a la Ley Constitución Política del Estado, con la finalidad de garantizar la reparación del daño a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, específicamente cuando haya sido por parte de las autoridades, por lo que deben tener un presupuesto asignado para ello.
“Los diputados del Partido del Trabajo, sostenemos que ninguno de los órganos pertenecientes al Estado Mexicano, en cualquiera de sus niveles o con independencia de sus funciones, debe violentar los derechos humanos protegidos y reconocidos en nuestra Constitución Política Federal y en la del Estado; ni por sus acciones ni por sus omisiones”, resaltó al realizar la ampliación de motivos.
Al respecto, comentó que se debe de garantizar la reparación del daño que sufrió la persona, es decir, obtener una indemnización, por la realización de la conducta o la omisión de la misma que provoco la violación a sus derechos humanos por parte de la autoridad responsable.
“En nuestro Estado, existen casos de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad, en donde al final solamente quedan en recomendaciones que en muchas de las veces son solapadas por los superiores jerárquicos al proteger a los infractores, de la misma manera, el procedimiento para hacer cumplir estas recomendaciones resulta demasiado burocrático y lento, que en la mayoría de las veces concluye en el abandono del mismo por la víctima”, resaltó.
En este sentido, a nombre del Grupo Parlamentario del PT propuso una reforma al artículo primero de la Constitución Política para Estado, para que todas las autoridades estatales establezcan en sus respectivos presupuestos de egresos asignaciones financieras necesarias para la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos.
“No basta con modificar las leyes para la adecuación de la protección de los derechos humanos, sino que resulta indispensable modificar las prácticas y la interpretación asociadas con ellas, para en caso de un menoscabo en estos derechos no solamente se emitan recomendaciones a las autoridades para que modifiquen sus conductas”, concluyó.

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