SEP debe informar costo de construcción de las 100 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”

Jun 18, 2019 / 18:42 pm

· La información pública puede contribuir a defender el derecho a la educación superior de la población, así como a verificar que las políticas educativas se encaminan realmente a garantizarlo: Joel Salas Suárez, comisionado del INAI

· Apuntó que es fundamental combatir la desigualdad en el acceso a la educación superior, pero también fortalecer este nivel de estudios para que contribuya a la ciencia, la investigación y la innovación

La Secretaría de Educación Pública (SEP) debe buscar y, en su caso, dar a conocer el costo de construcción y operación de las 100 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García” y los lugares donde se prevé instalarlas, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El sujeto obligado deberá precisar el municipio, entidad, fecha prevista de construcción e inicio de operación de labores, informar el costo de construcción y operación de cada una de las 100 universidades y entregar la documentación mediante la cual la Federación obtendrá los terrenos donde se construirán o instalarán.

Al presentar el asunto ante Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez señaló que conocer la información sobre la operación de un programa es crucial, pues permite mostrar el cuidado en su diseño y constituye una referencia para rendir cuentas sobre la administración del presupuesto asignado y los resultados obtenidos.

“La información pública puede contribuir a defender el derecho a la educación superior de la población, así como a verificar que las políticas educativas se encaminan realmente a garantizarlo. La información pública puede ayudar a que exista educación para todas y todos, pero no cualquier educación, sino una educación de calidad”, destacó.

Salas Suárez apuntó que es fundamental combatir la desigualdad en el acceso a la educación superior, pero también fortalecer este nivel de estudios para que contribuya a la ciencia, la investigación y la innovación.

“Es necesario mantener un equilibrio entre la apertura de instituciones que formen profesionistas que requiere el desarrollo del país, pero también se requieren investigadores especializados que mantengan a México al tanto del conocimiento y las tecnologías mundiales, para transmitirlos en el país y contribuir a la solución de los problemas públicos”, planteó.

A la solicitud de información sobre las 100 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, la SEP respondió que no encontró lo requerido y no está obligada a elaborar un documento ad hoc.

El particular que requirió la información se inconformó con la respuesta del sujeto obligado e interpuso un recurso de revisión ante el INAI.

Al analizar el caso, la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez advirtió que el programa ya se encuentra en funciones; por lo tanto, los lineamientos ya deberían de existir, para vigilar el correcto funcionamiento del mismo.

Dichos lineamientos podrían brindar la información que requiere el particular, pues a través de ese instrumento jurídico se establecen las metas, objetivos y procedimientos relacionados con el programa.

Además, si el programa “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García” ya se encuentra en operaciones, se puede deducir que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de atención a solicitudes de información, pues los lineamientos de operación debían existir antes de arrancar el funcionamiento del mismo.

Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó, por unanimidad, la respuesta de la SEP y le instruyó realizar una nueva búsqueda, en todas las unidades administrativas competentes, respecto al programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, de la siguiente información:

  • Lugares donde se prevé construir/instalar/operar las 100 universidades: municipio, entidad, fecha prevista de construcción e inicio de operación de labores.
  • Costo de construcción y operación de cada una de las 100 universidades.
  • Documentación que dé cuenta del proceso de obtención, compra, renta, donación, cesión, comodato o cualquier otra figura legal mediante la cual la Federación obtendrá los terrenos donde se construirán/instalarán las 100 universidades.

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