*Demandará por tráfico de influencias
Por Martha Casas
Durango, Dgo.
Luego de lo que ellos llaman ataques facciosos y destructivos, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción arremetieron en contra del presidente del Consejo Estatal Ciudadano y el de Coparmex, acusando de trasfondo político y de tráfico de influencias, así como conflicto de intereses.
Alejandro Castellanos Blancarte, presidente del CPC en conferencia de prensa acusó de una campaña de ataques facciosos, destructivos y malintencionados por parte de personajes que toda una vida han vivido del erario y cuyo fin es el de confundir y mal informar a la ciudadanía, definiéndose al presidente de Coparmex y el del Consejo Estatal Ciudadano, contra quienes, adelantó, se procederá legalmente.
En torno a Jorge Mojica Vargas, presidente del CEC indicó que se ha valido de un claro conflicto de interés y por medio del tráfico de influencias para intentar destruir al eslabón más débil de todo un Sistema Anticorrupción, que es el que le dio vida al mismo sistema.
En la conferencia, el consejero, Óscar Quiñones, calificó de absurdas e incoherentes declaraciones las que han hecho ambos personajes para que desaparezca el CPC.
A manera de aclaración expuso que este organismo lugar no recibe un presupuesto, ni un peso para su operatividad incluso no se cuenta con oficinas propias, ni lo mínimo indispensable para trabajar, lo que se ha logrado hacer es porque sale del bolsillo de los integrantes del consejo tiene si reciben una remuneración. Así, negó que reciban un monto de 130 millones de pesos, esa cantidad es la que recibe todo el sistema y los entes y organismos que lo conforman, hizo el gasto del ejercicio presupuestal que perciben para sus actividades propias.
Quiñones también aseguró que hay actitudes revanchistas detrás de estos personajes, Jorge Mojica porque no se apoyó una persona que quiso meter al SLA y el segundo, Óscar Moreno, presidente de Coparmex, porque no fue electo para ser parte del sistema cuando intentó entrar a la comisión de selección.
Además, aseguró que, “estos dos personajes no tienen calidad moral para descalificar al sistema y por consecuencia al CPC, por ello se propone que se revisen los contratos que tiene Mojica con gobierno del estado por más de 10 millones de pesos al año (2020) y que evidentemente representa un conflicto de interés, puesto que su cargo también es nombrado por el gobierno del estado y que dicho sea de paso ya concluyó su periodo el pasado 15 de julio… Óscar Moreno tiene en su haber el señalamiento del presidente de la República como uno de los factureros en el país”.
El tema es muy claramente político, ya que parece demasiada coincidencia que hoy que se avecina la elección a gobernador, comienzan los ataques políticos descalificando al sistema, quizá esto sea una cortina de humo para tapar lo que no se ha hecho en el CEC.
Está situación propiciada por Mojica, “no le abona a la colaboración pacífica y respetuosa, ni al trabajo de los ciudadanos de a pie que día a día tenemos que hasta por nuestra seguridad por denunciar señalar y proponer lo que se necesita para que verdaderamente disminuya la corrupción en nuestro Estado nos hemos desempeñado como ciudadanos responsables en las labores que nos competen, ahí están los informes que en el ejercicio de la rendición de cuentas hemos presentado estos cuatro años”. Los consejeros por ley, no pueden trabajar en otro lugar, sino deben dedicarse al 100 por ciento al tema anticorrupción, por ello reciben una remuneración para poder vivir, expuso a su vez Alejandro Castellanos.
Asimismo, Quiñones sostuvo que de acuerdo a las declaraciones que ha hecho el presidente del CEC existe el delito de tráfico de influencias, tipificado en la ley de responsabilidades, por lo cual buscar a proceder en ese sentido a través de la ruta legal.
Por ello, “hoy venimos a denunciar ante la ciudadanía que somos las víctimas de los cómplices de la corrupción que por años han utilizado su poder político para destruir el lugar de construir un estado próspero”, el sistema local anticorrupción y en lo particular el Consejo de Participación Ciudadana “no son bandera política de ningún tipo”, anotaron.
