Versión estenográfica de la Conferencia Magistral 3: “Corrupción y lavado de dinero. Los retos del a unidad de inteligencia financiera”, impartida por Santiago Nieto Castillo, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro del marco de la Semana Nacional de Transparencia 2018.

Oct 5, 2018 / 17:44 pm

Ciudad de México, 4 de octubre de 2018.

Presentadora: Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a esta tercera y última jornada de actividades de la Semana Nacional de Transparencia 2018.

Comenzaremos con la Conferencia Magistral “Corrupción y lavado de dinero: los retos de la unidad de inteligencia financiera”.

Agradecemos su amable asistencia a este Auditorio y a quienes nos siguen en la transmisión vía internet.

Damos la bienvenida a los distinguidos integrantes de nuestro presídium.

Está con nosotros la doctora María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada del INAI.

Bienvenida.

También nos acompaña el doctor Santiago Nieto Castillo.

Bienvenido.

Cedemos ahora el uso de la voz a la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, moderadora de esta Conferencia Magistral.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Buenos días. Nos da nuevamente mucho gusto encontrarnos con ustedes en esta jornada sobre la Semana Nacional de Transparencia, que estamos ya en la última etapa y que por fortuna ha resultado muy exitosa.

Hoy tenemos yo creo que una muy importante jornada también con la participación del doctor Santiago Nieto Castillo, a quien debo agradecer muchísimo haber hecho el espacio para poder estar aquí con nosotros esta mañana, toda vez que ha estado y estará muy atareado y naturalmente el salir de las actividades que tiene encomendadas para poder atender una invitación que le hace este Instituto por conducto de los Comisionados, le agradecemos muchísimo su presencia.

Sobre todo que estamos en una etapa tan interesante en México cuando tenemos grandes expectativas, pero también grandes inquietudes cuando estamos viviendo una transición política atípica en la que por lo menos yo -ya tengo muchos años- no recuerdo haber encontrado o presenciado ni en algún gobierno estatal, en cambios de gobiernos estatales o en cambios de gobiernos a nivel federal.

Esta nueva política del Presente electo Andrés Manuel López Obrador, en la de anunciar no solamente los proyectos que traía, que ya eso desde campaña se viene diciendo, sino el de anunciar también con quiénes se acompañará en el Gobierno, por lo menos con los funcionarios de primer nivel, pues para mí tiene un significado, que es la apertura, es decir un gobierno que empieza abriéndose, anunciando lo que va a hacer y con quiénes lo va a hacer.

Esto es un signo, lo veo de una manera optimista tal vez para muchos, pero lo veo como el signo de un gobierno que se quiere transparentar a un desde antes de iniciar formalmente su trabajo.

En esas condiciones creo yo que es muy interesante escuchar en estas jornadas, así como lo hicimos al principio con la Conferencia de la doctora Irma Eréndira Sandoval.

¿Cuál es el pensamiento sobre la transparencia?, ¿qué es lo que se piensa de la misma?, ¿cómo se percibe, cómo se concibe? Y finalmente, ¿cómo se va a practicar?

Entonces, hoy tenemos esta conferencia importantísima. Y después tendremos un panel también en el que se nos anunciarán algunas políticas de gobernanza relacionadas con diferentes temas, después tendremos un mensaje de clausura por la Senadora, ya no sé si decirle

Ministra, doctora, maestra, etcétera, la hoy Senadora Olga Sánchez Cordero.

Pero sé que no vinieron a escucharme a mí, sino que todos queremos escuchar al doctor Santiago Nieto, que siempre ha sido amigo de esta institución.

Él es doctor en derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas electorales y de combate a la corrupción, particularmente en lo relativo al financiamiento ilícito de partidos políticos; coordinador de asesores y Secretario Particular de la Contaduría Mayor de Hacienda, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Magistrado Electoral Regional designado por el Senado de la República en 2008, Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la que fue designado por el Senado de la República en 2015, que durante su gestión al frente de dicha Fiscalía se acentuó el combate al financiamiento ilícito a campañas electorales, así como al uso de recursos públicos para fines electorales.

Debo además agregar que el doctor Santiago Nieto tiene una vocación muy importante en el ámbito académico y que se ha desempeñado como maestro tanto de la licenciatura como de posgrado, no solamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también en muchas otras instituciones de educación superior.

Muchas gracias, de verdad, Santiago, nuevamente. Aprecio mucho la gentileza y el espacio que nos haces de tu tiempo, te escuchamos con una gran atención.

Santiago Nieto Castillo: Muy buenos días a todas y a todos. Muy agradecido con la doctora Patricia Kurczyn, con los señores comisionados, que me hayan invitado esta mañana con ustedes.

Debo decir también que la doctora Kurczyn y yo tenemos una amistad de varios años, por eso la gentileza de sus palabras, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también fue mi jefa en la

Coordinación del Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y yo me encuentro muy complacido de estar con ustedes.

Quisiera plantear lo siguiente o empezar a desarrollar la posición a partir de ciertas premisas fácticas en las cuales nos estamos moviendo el día de hoy.

Tuvimos un Proceso Electoral realmente importante por el nivel de participación política que se tuvo, 63 por ciento del Padrón Electoral votó en las elecciones. No se llegó al techo histórico que tuvimos en 1994, cuando llegó a votar el 78.0 por ciento del padrón electoral, sin embargo, es una de las elecciones más votadas en la historia contemporánea de México.

Creo que también en ese tenor habría que empezar a enfatizar varios de los elementos que se dieron en torno a la campaña electoral. Uno de ellos fue que la discusión se puso en un particular énfasis en los temas relacionados con la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, que son temas que tienen que ver con esta Semana Nacional de la Transparencia a la que hemos sido convocados.

En ese contexto, también hay que decirlo, el resultado electoral es un resultado que está muy relacionado con la idea de la necesidad de un combate a la corrupción mucho más fuerte y esto significó el 53.0 por ciento de los votos para el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es algo que tampoco habíamos vivido desde las elecciones, según los datos oficiales, de 1988.

Ahora, el problema central tiene que ver con la corrupción, con la transparencia, un tema que quisiera plantear más adelante es el lavado de dinero y cómo impacta de manera negativa a la construcción institucional, partiendo de esta premisa que para mí es fundamental.

Las instituciones tienen que funcionar para lo que fueron diseñadas y la única forma en que podamos compartir de manera frontal y directa la corrupción, es a partir de los usos institucionales de las propias instituciones públicas y el combate a la impunidad a partir del ejercicio de la acción penal, a partir de la responsabilidad de naturaleza administrativa, pero también a partir de las resoluciones que, órganos de naturaleza autónoma como el INAI dictan y debo reconocer en este

momento, la resolución de hace unos días en el tema relacionado con Odebrecht.

Creo que es una gran resolución que manda un gran mensaje y que nos puede permitir ir mejorando en los indicadores internacionales.

Y ese sería el siguiente punto que quisiera tocar.

Transparencia Internacional en su informe de 2018 manda un mensaje muy claro respecto al lugar que tiene México en el ámbito de la percepción internacional sobre la corrupción.

Nosotros en la época del Presidente Calderón estábamos situados en el lugar número 72 de 130 países analizados. Para el año 2018 estamos localizados como el país 135 de 180 países analizados por parte de Transparencia Internacional.

Estos datos, en el mes de febrero de este año fueron publicados tanto por Transparencia Internacional como por el Capítulo mexicano, Transparencia Mexicana, y en este indicador que tenemos de cero a 100, en donde 100 es el país menos corrupto y cero sería el país más corrupto, nosotros tenemos un puntaje de 29, esto significa, digamos 2.9 si lo hablamos en un término de calificación del uno al 10 y contrasta, evidentemente, con Finlandia, con Nueva Zelanda, con Dinamarca que son los países que se encuentran mejor rankeados.

Ningún país llega a 100 puntos pero sí tenemos países con 89, 88, México 29 y el país menos calificado es Somalia con ocho puntos.

Lo verdaderamente dramático es que estamos más cerca de Somalia que de Nueva Zelanda en este Índice de Transparencia Internacional.

Pero que también hay un tema importante. Brasil y Perú, por ejemplo, se encuentran rankeados en el lugar número 96, insisto que nosotros estamos en el 135, pero hay un punto relevante respecto a la actuación de por qué los brasileños y los peruanos se encuentran en esos niveles y nosotros estamos mucho más abajo en la escala.

Yo creo que la respuesta tiene que ver con un apellido de origen brasileño, Odebrecht, y creo que tiene que ver con la actuación reciente

del INAI que, insisto, y lo vuelvo nuevamente a hacer patente, hay que reconocer esta resolución, que permite generar un cambio.

Si bien Brasil y Perú procesaron a altos funcionarios por la comisión de sobornos y actos de corrupción en esos países, creo que México está dando un gran paso con esta resolución del INAI para efecto de poder ir transparentando lo que sucedió con la contratación de Odebrecht.

Segundo estándar, los temas relacionados con el World Justice Project. Nosotros, según el índice de 2017, estamos ranqueados como el país número 103 de 113 países analizados en materia de corrupción, y World Justice Project también señala que somos el país 105 de 113 países analizados en materia del Sistema Penal.

Transitamos un Sistema Penal de carácter acusatorio adversarial, por tanto que centraliza y empodera a las víctimas, pero que no está dando los resultados, por lo menos en la percepción de la ciudadanía, y este es un tema que necesitamos también reflexionar de forma central.

En este momento se ha planteado por parte de la Ministra en retiro, Senadora de la República Olga Sánchez Cordero, una iniciativa junto con Ricardo Monreal y Julio Menchaca, para reformar o mejor dicho expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y poder transitar del modelo de procuración general de la república a Fiscalía General, esto de acuerdo con los transitorios de la propia Reforma Constitucional de 10 de febrero de 2014, debe ser el paso previo a la declaratoria por parte del Congreso, y con esto podría darse la transición a la Fiscalía General de la República.

¿Por qué es importante puntualizarlo en el ámbito de la corrupción y en el ámbito de la transparencia? Me gustaría dar por lo menos dos argumentos:

Primero, porque la PGR está integrada estructuralmente en términos del sistema tradicional mixto y no del sistema adversarial acusatorio. Por tanto, es necesario transformar el modelo orgánico en un modelo que sea de mayor funcionalidad.

Segundo, porque el combate, la mejora en estos estándares de World Justice Project parte de la premisa de que se cumpla con los objetivos

del modelo de procuración de justicia, y esto implica llevar asuntos a los tribunales, que se pueda resolver, sobre todo reparar el daño que haya sido ocasionado a las víctimas, pero también que venga un elemento fundamental, que es la sanción.

En este punto creo que el modelo que se está planteando por parte de la Senadora Sánchez Cordero y por parte de los Senadores Monreal y Menchaca, creo que permiten acercarse a un modelo que ha tenido éxito en otras latitudes, como Colombia, como Chile, que creo que es importante que se analice en México.

No en balde uno de los puntos centrales que tiene el INAI o de las instituciones con mayor número de casos son transparentadas por parte del INAI, tiene que ver con la PGR y tiene que ver con procesos que no necesariamente son transparentes.

Tercer elemento, la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2017. Esta encuesta nos dice que el 91 por ciento de las personas en el país consideran que la corrupción existe en el ámbito gubernamental.

De los encuestados, el 59.5 por ciento señalan que tuvieron una experiencia de corrupción durante 2017, particularmente en temas relacionados con la seguridad pública y esto tiene un impacto solamente entre los encuestados de un total de mil 377 millones de pesos, lo que implica 861 pesos por persona en cada acto de corrupción.

Hay que medirlo, 14 mil 635 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en el país. Estamos en uno de los estándares más grandes de corrupción y no tenemos consecuencias en el ámbito de lo penal, y de lo administrativo. Creo que esas son las partes que tendríamos que empezar a reflexionar a partir de la Encuesta Nacional de Calidad y de Impacto Gubernamental 2017.

Esto me lleva al siguiente punto que quisiera plantear, que tiene que ver con el ejercicio de la acción penal en lavado de dinero. El ejercicio de la acción penal en lavado de dinero se ha detectado, según los datos de la propia Procuraduría General de la República, que se judicializaron 22 carpetas de investigación y se consignaron 10 averiguaciones previas entre 2017 y 2018.

¿Qué significa esto? Que solamente hay 12 carpetas de investigación y 10 averiguaciones previas, solamente hay 22 casos que se han judicializado o consignado en el modelo del sistema tradicional o del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en temas relacionados con lavado de dinero.

Esto ha permitido al Estado mexicano incautar, decomisar 800 millones en efectivo de pesos y 14 millones de dólares. Perdónenme, pero son datos absolutamente irrisorios respecto al monto que el INACIPE maneja, de 56 mil millones de dólares relacionados con lavado de dinero en el país, a partir de una economía que solamente el 37 por ciento se encuentra bancarizada y el resto se trata de tratos comerciales con dinero en efectivo.

Creo que con estos datos podemos tener un panorama claro de dónde nos encontramos y cómo este tema de la corrupción está impactando de manera negativa en la percepción que existe sobre el país. Por eso creo que el mandato del electorado fue muy claro, se requiere mejorar los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, para efecto de mandar mensajes a la ciudadanía respecto de qué se puede y qué no se puede hacer, particularmente en el ámbito del ejercicio público.

El Informe GAFI presentado a principios de este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional lanza un mensaje que creo que es relevante respecto a la problemática que tiene el país en esta materia.

Creo que en este punto es importante evitar la autocomplacencia, de nada nos sirve señalar que estamos avanzando bien cuando los reportes internacionales dicen que tenemos problemas que tienen que ser analizados de manera directa y pronta.

GAFI, por ejemplo, nos dice que las tasas de decomiso y las condenas son bajas a pesar que tenemos un modelo de inteligencia financiera. Esto no podemos soslayarlo ni minimizarlo, hay un modelo de inteligencia financiera, GAFI reconoce la fortaleza del sistema financiero, del marco legal con el que se regula la actuación; sin embargo, esto no se traduce en los ejercicios de la acción penal, no se traduce en la responsabilidad en el ámbito administrativo y es este

tránsito el que el propio Informe GAFI nos obliga a reflexionar y a plantear estrategias de solución para efecto de disminuir estos índices de impunidad y de corrupción.

Lo que ha planteado GAFI es, primero, se necesitan hacer investigaciones que sean sistemáticas y paralelas, no solamente se trata de desarrollar investigaciones en temas de delitos contra la salud, sino que de forma autónoma se tiene que analizar el tipo penal de lavado de dinero, y con ese tipo penal empezar a ejercer la acción penal.

En este caso, de las 22 carpetas y averiguaciones previas a las que yo me refería hace un momento, nueve casos tenían que ver con detenido y tenían que ver con delitos contra la salud. Por tanto, la investigación en materia de lavado de dinero no era autónoma y no se estaban desarrollando investigaciones paralelas entre lo que desarrolla la Procuraduría General de la República, sean SEIDO por lavado de dinero, sean SEIDEF por delitos fiscales y financieros, o sea en la unidad adscrita directamente a la Procuraduría General de la República en la materia de delitos financieros, en términos de la Ley de Prevención de Lavado.

En este contexto, el punto central es que tenemos investigaciones de naturaleza fragmentada, es decir, lavado de dinero se ve en SEIDEF, se ve en SEIDO y se ve en la Unidad de Asuntos Fiscales y Financieros, lo cual impacta negativamente en la posibilidad de tener investigaciones que sean más robustas y que sean de naturaleza integral.

Hace rato reconocí que Patricia Kurczyn fue mi Jefa en el Postgrado; Pedro Salazar fue mi jefe en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entonces.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Y aquí lo tenemos trabajando.

Bueno, perdón.

Le agradecemos muchísimo. Les quiero decir que el doctor Pedro Salazar sería quien presentara y acompañara en esta mesa al doctor Santiago, pero en función de una confusión, tomé yo este lugar, pero yo

estoy encantada de que Pedro Salazar nos acompañe, que también es mi Jefe en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Santiago Nieto Castillo: Bueno, el primer punto sería el incremento a las tasas de decomiso y condenas sobre los temas de lavado de dinero.

El segundo punto que nos manda el informe GAFI es importante, la necesidad de priorizar la investigación de lavado de dinero y asignar recursos adicionales fortaleciendo la investigación financiera y la coordinación interna entre las distintas áreas que forman parte del Sistema Financiero con la Procuración de Justicia, con lo que será la Secretaría de Seguridad Pública y además con los temas vinculados con la Secretaría de la Función Pública.

El objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera de acuerdo con lo que está planteado en el Informe GAFI, es generar información a todas las demás áreas para que se pueda combatir de manera eficaz el lavado de dinero en el país, que según insisto, datos del INACIPE, llega a monto de 56 mil millones de pesos, de dólares, perdón.

Ahora, creo que el punto central sería mejorar aquí la comprensión de las instituciones financieras y no financieras.

La Unidad de Inteligencia Financiera tiene la posibilidad de recibir los avisos por parte de todo el Sistema Financiero, los bancos que realizan las operaciones.

Sin embargo también tiene 17 actividades vinculadas con sectores no financieros y esto incluye desde el Notariado Público, incluye el tema de la trata de arte, la venta de arte, temas relacionados con joyeros, con actividades vinculadas con hoteles, moteles, restaurantes, y en general espacios del ámbito público donde el flujo de recursos en efectivo tiene un impacto como puede ser, incluso, el traslado de valores.

Esto lleva a una necesidad de generar mecanismos de mayor coordinación y colaboración entre todas las autoridades, y de hecho es una de las propuestas que yo me atrevería a defender frente a ustedes.

Ahora, creo que GAFI determinó que el fenómeno más generalizado, en el uso indebido de sociedades, tiene que ver con la generación de empresas fachada.

Creo que esta es una parte muy importante que hay que analizarlo de manera conjunta con el Consejo Coordinador Empresarial y con COPARMEX.

Las empresas fachada fueron los mecanismos que se utilizaron durante buena parte de los gobiernos corruptos de las entidades federativas, para efecto de poder desviar recursos a las campañas electorales.

No solamente eso, fue parte de lo que la Auditoría Superior de la Federación ha denominado estafa maestra y que motivó las investigaciones que se realizaron por desvío de recursos en SEDESOL y en SEDATU.

El punto central en estos modelos es la generación de empresas que no tienen una constitución previa de mucho tiempo atrás y que generalmente después de que se desarrollan los procesos de contratación, terminan desapareciendo.

Encontramos evasión fiscal, que tendrá que ver el Sistema de Administración Tributaria, podemos encontrar temas relacionados con financiamiento ilícito a las campañas electorales, que tendrá que ver en su momento FEPADE y la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo creo que hay un tema central que tiene que ver con una competencia desleal hacia el empresariado mexicano.

El punto central es que el combate a las empresas fachada, nos va a permitir fortalecer el modelo del sistema de la vida empresarial mexicana, en razón de atacar las competencias de manera desleal.

¿Qué sucede con este tipo? Pongo ejemplos, no voy a dar nombres, porque luego me acusan de eso, pero voy a poner ejemplos conceptuales, de qué es lo que ha sucedido.

Se genera una empresa y esta empresa resulta que los accionistas son un despachador de una gasolinera y es un vendedor de seguros y

ambos generan una empresa que termina iniciando cuentas, creando cuentas en bancos en Panamá, en Liechtenstein, en Mónaco, en Islas Caimán, en Antigua, digamos en distintas partes del mundo.

Estas empresas del despachador de una gasolinera, recibe 5 millones de dólares en efectivo y el punto es que los dos accionistas de la empresa le otorgan a un tercero un poder de administración sobre la empresa, además del control de la chequera.

El punto central aquí es la identificación del beneficiario final. Se ha hecho un trabajo importante en este momento por parte del Sistema Nacional Anticorrupción, para poner sobre la mesa de discusión el tema del beneficiario final, porque es al final del día la persona que recibe los beneficios de toda la transición ilegal.

Como este caso, es un caso más bien de naturaleza empresarial, podemos encontrar casos de corrupción en donde el modelo parte de la generación de empresas fantasma que son contratadas por los gobiernos federal o estatales y reciben los recursos, cobran los cheques, muchas veces en efectivo y a partir de empresas de traslado de valores, llevan los recursos hacia lugares específicos.

Recientemente los medios de comunicación han dado cuenta de un caso en donde se entregaron 700 millones de pesos en efectivo, en varias localidades de la República Mexicana, a partir del traslado de empresas de valores.

El punto central es que este tipo de empresas lo que está haciendo es desfondando la administración pública, pero también generando, insisto, competencia desleal donde el empresariado mexicano, evadiendo el pago de impuestos y generando un modelo de corrupción en lo gubernamental.

Otro elemento que hay que tomar en consideración es el hecho de que las transferencias de los gobiernos a partir de programas sociales son condicionados. Se amenaza a las personas de retirarles el programa social o existen casos en donde se están convirtiendo algunos funcionarios públicos en socios de las empresas productivas en las entidades federativas de los ramos correspondientes.

Esto es evidentemente un trabajo que implica la necesidad de que los órganos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción puedan trabajar de manera conjunta y coherente para efecto de combatir este tipo de prácticas.

A eso hay que añadirle un hecho que está relacionado con el Sistema de Administración Tributaria que en lo que va del año ha investigado menos del 0.2 por ciento de las entidades de las cuales es responsable.

Evidentemente no hay capacidad humana para poder hacer la revisión total de los ámbitos tributarios en un país como la República Mexicana. Sin embargo, es necesario por eso transitar a modelos de mayor intercomunicación y conectividad de las bases de datos de las distintas entidades del sistema financiero y de los sistemas no financieros para poder generar una mejor cobertura.

¿Cuáles son los retos? Yo el primer reto que plantearía, y lo pongo sobre la mesa es formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que hay algunas entidades del Estado mexicano, la UIF, es SAT, FEPADE, que tendrían que formar parte, como invitados, por lo menos, permanentes en el Sistema Nacional Anticorrupción.

¿Por qué? Porque me parece que la información que se puede generar estadística, no de casos concretos, pero sí estadística, puede motivar la discusión de políticas públicas relevantes para poder tener un mejor combate a la corrupción en el país.

Segundo, fortalecer la colaboración entre a UIF y otras autoridades hacendarias. Si ustedes ven el informe de evaluación mutua, que se genera en el Estado mexicano respecto a las autoridades en materia hacendaria van a ver cómo hay un mensaje muy claro de que no hay vinculación entre la UIF y la Procuraduría General de la República, es decir, se entrega poca información por parte de la UIF a la Procuraduría General de la República y esto se traduce en menos ejercicios de la acción penal.

Vuelvo a poner el ejemplo de que en un país con 56 mil millones de dólares de flujo de lavado de dinero, según datos del INACIPE, tenemos solamente 22 ejercicios de la acción penal entre 2017 y 2018.

¿Qué significa esto? tenemos una debilidad institucional muy fuerte que es importante, que es importante que se supla para mandar mensajes sociales que permitan elevar la percepción de la transparencia y no de la corrupción como actualmente existe.

Un tercer punto tiene que ver con el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo para los próximos años. El seguimiento de mecanismos en materia de prevención y combate no solo tiene que ser a través de la recepción de análisis de los avisos que llegan por el sistema financiero y no financiero, sino también por vistas que pueden estar dando otro tipo de autoridades para poder desarrollar investigaciones que repercutan, insisto, en el tema en materia de responsabilidad.

La ciberseguridad del sistema financiero, creo que es un reto relevante que se vincula con otro elemento, que tiene que ver también con el trabajo del INAI y que será la protección de datos personales.

No en balde el sistema financiero es uno de los sistemas que en mayor número de casos vulneran este derecho de corte fundamental que tenemos los seres humanos de la protección de los datos personales.

Pero también debe haber una correlación para efecto de que los datos con los que cuentan el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera no vulneren también esta esfera privada a la que tenemos derecho todos como seres humanos.

El mensaje al empresariado, la colaboración directa con COPARMEX, con el Consejo Coordinador Empresarial, y en general con los grupos empresariales, será relevante para poder combatir los efectos negativos que encontramos en el ámbito de las empresas “fachada-fantasma”.

Y finalmente empezar a plantear la necesidad del trabajo conjunto con las instituciones financieras en temas vinculados con el FINTECH, es decir el reporte de inclusión financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habla que el 31 por ciento de las instituciones financieras tienen algún tipo de asociación con empresas FINTECH , México es el país que tiene un mayor número de casos relacionados en América Latina, y es necesaria su mejor regulación para efecto de poder identificar la identidad de los clientes, y a partir de ahí esta lógica del beneficiario final.

México creo que ha vivido un proceso, insisto, electoral histórico, sin precedentes, pero también creo que ha mandado un mensaje muy claro de hartazgo de la ciudadanía respecto a la corrupción.

La corrupción es un cáncer que finalmente termina generando mayores desigualdades sociales, que termina minando la legitimidad y la credibilidad de las propias instituciones, y que genera presión adicional al estado mexicano que en realidad no necesitamos.

Pienso que la negociación del Tratado de Libre Comercio con Europa, con la Unión Europea, pienso que también las discusiones que tienen que ver con la expedición de este nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá parten de la premisa y de la necesidad de generar mejores modelos de combate a la corrupción en el ámbito mexicano, y esa evidentemente es una de las grandes asignaturas pendientes del estado mexicano y de la sociedad mexicana en su conjunto.

Al final del día hace 20 años hablábamos del concepto de transición democrática, hablábamos de la necesidad de conseguir las alternancias gubernamentales, creo que lo hemos hecho de forma adecuada.

También hace 20 años discutíamos de una primera generación de órganos que estaban vinculados con el ejercicio de la democracia o naturaleza formal, los órganos electorales o la protección de los derechos humanos desde una perspectiva de la democracia sustantiva.

Sin embargo después vino una nueva generación, una nueva generación de autoridades que estaban creadas con la finalidad de ir midiendo la calidad de la democracia.

Los institutos de acceso a la información finalmente son eso, son mecanismos que nos permiten ver la calidad de un sistema democrático. En la medida en que haya más transparencia, mayor rendición de cuentas, y esto incluiría a los órganos superiores de fiscalización a nivel federal o a nivel de las entidades federativas. El modelo democrático va a ser un modelo de mayor calidad.

Hoy discutimos respecto al concepto de integridad de las elecciones, y el concepto de integridad está relacionado con los temas de combate a la corrupción, de neutralidad gubernamental, de evitar el uso de recursos públicos en campañas electorales, pero creo que es fácilmente trasladable este modelo de integridad electoral hacia los modelos en general de combate a la corrupción.

Los datos de transparencia internacional, los datos de World Justice Proyect, los datos de las Encuestas Nacionales creo que nos están mandando un mensaje muy claro: la votación masiva el día 1º de julio para sancionar electoralmente a la corrupción, mandando un mensaje de cambio son fundamentales para entender la ruta que debe tener el estado mexicano en un futuro.

Y creo que la ruta es muy clara, lo ha mencionado la Ministra Sánchez Cordero, la ruta no es otra más que el estado constitucional de derecho y el estado constitucional de derecho implica que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas.

En el caso del INAI tendrá que proteger los datos personales, pero sobre todo transparentar el ejercicio público. En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera convertirse en un brazo, para efecto de poder dar cuenta de las actividades financieras y no financieras en los temas de lavado de dinero, combate al terrorismo y por su financiación al terrorismo, y por supuesto en los temas relacionados con el combate a la corrupción.

Creo que la gran cruzada para México, que se avecina, es cómo reducir estos ámbitos de corrupción que llegaron a límites insospechados, desvíos de 34 mil millones en Veracruz o de la consolidación de temas de lavado de dinero de ex gobernadores en Chihuahua, en Quintana Roo o en Nayarit.

En la medida en que podamos dar respuestas inmediatas como instituciones, las instituciones estarán legitimando frente a la sociedad y podrán tener una mayor viabilidad futura.

No pienso decir nada de Odebrecht, porque luego dicen que “estoy ardido”, pero puedo irme sin reiterar y volver a felicitar al INAI por esa

resolución. Es un mensaje muy claro que no puede haber intocables en el país.

Muchas gracias.

Pedro Salazar Ugarte: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Lo primero que quiero decir es que es para mí un honor y un gusto estar en este Instituto, agradecerle a la doctora Patricia Kurczyn la invitación y agradecerle la oportunidad de compartir esta mesa con mi amigo Santiago Nieto, por supuesto un saludo, Presidente de esta institución y a las y los comisionados de la misma.

Quiero decir que la razón por la que se generó una confusión de si yo podía llegar o no la provoqué yo mismo, para que quede más claro que no fue culpa de ustedes y por fortuna un imprevisto que parecía que tenía que atender a la misma hora lo pospusieron, entonces puedo estar aquí estos minutos con ustedes.

Me da mucho gusto estar con Santiago de cara a la nueva responsabilidad que asumirá dentro de algunos meses y que tiene que ver con una serie de actividades ya vinculadas a responsabilidades previas que ha asumido, pero que en realidad tienen desafíos distintos y aristas que son sumamente desafiantes hacia adelante.

Creo que el trabajo de una Unidad de Inteligencia Financiera tiene sin duda una dimensión jurídica muy relevante, pero también requerirá de una dimensión técnica muy compleja actuarial, estadística, que requiere de sistemas cada vez más complejos para seguir fenómenos cada vez más complejos.

En ese sentido me parece muy sensata su reflexión, que esa Unidad y otras instituciones como el SAT, la FEPADE, yo no subiría al INE, no me parece que sea adecuado, pero la FEPADE sí, deberían venir a robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción.

Mi reflexión se centrará precisamente en ese punto y en su relevancia. Creo que estamos en una coyuntura en la cual lo que debemos hacer es aprovechar las instituciones con las que contamos.

Creo que ante el, digamos, la tentación de rediseñar ámbitos del servicio público de cara a los desafíos que no hemos atendido de la mejor manera, la estrategia más adecuada es la de utilizar bien aquello con lo que ya contamos.

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene dos años en existencia normativa, y en digamos, algunos escarceos de existencia práctica, pero está incompleto, quiero decirlo con claridad. Cuando alguien dice: “es que no ha dado resultados”, bueno, es que no lo han terminado ni siquiera de edificar. Sin fiscal especializado, sin magistrados especializados, el Sistema Nacional Anticorrupción no está plenamente integrado.

Creo que la coyuntura actual nos permite revisar aquello que se puede mejorar. Por ejemplo, hemos tenido un dialogo con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que nos lleva a pensar que hay algunas facultades y algunas decisiones de diseño institucional que vale la pena robustecer para que funcione mejor, para que pueda coordinar mejor al Comité Coordinador y para que pueda impulsar de mejor manera la agenda que le corresponde de vinculación con la ciudadanía, pero también es importante tener en cuenta que los institutos e instancias que integran al Sistema Nacional Anticorrupción, deben realizar la tarea que les corresponde en un doble nivel para que el Sistema funcione.

Y aquí regreso al tema de la UIF. Por un lado, deben de realizar su labor sustantiva propia. Es decir, deben de ejercer la facultad que le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación con toda la seriedad que le corresponde, deben de realizar las tareas que le corresponde al Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura Federal, deben de realizar indiscutiblemente las tareas que le toca a este Instituto de Transparencia. Cada una de estas instituciones tiene que llevar a cabo las tareas, obviamente, la Secretaría de la Función Pública, que tienen encomendada a partir de la naturaleza jurídica que a cada una les corresponde. Esa es otra de las cuestiones fundamentales.

Hacer, digamos, una reflexión sobre qué le toca a cada quien, dependiendo de qué tipo de institución pública es.

Yo pienso mucho en las autonomías. La única manera en la que las autonomías funcionan es cuando se ejercen.

Si no se ejercen las autonomías, se vuelve únicamente nominal la designación de las instituciones. Y hay ahí instituciones que tiene una autonomía que debe ser ejercida en el ámbito de sus respectivas competencias.

Y por el otro lado, decía que son dos niveles de interacción las que permitirían que el Sistema Nacional Anticorrupción funcionaria es no solamente cada quien hacer lo que le toca, sino también saber coordinar las acciones conjuntas que permitan que el Sistema sea un Sistema además nacional, de prevención, investigación, combate y eventualmente sanción a los actos de corrupción.

Y en ese sentido, esta Unidad que a Santiago le tocará encabezar, como él mismo nos ha dicho, tiene la posibilidad de ser una pieza clave en el engranaje que permita que las instituciones del Estado mexicano den respuesta ante un fenómeno que no puede enfrentarse por una institución sola o por dos instituciones aisladas.

La idea de crear un Sistema fue precisamente la de responder a una realidad de hecho, que es que la corrupción funciona de manera sistémica, la corrupción no son hechos aislados individualizables.

La corrupción en realidad es un fenómeno que funciona de manera reticular, y eso lo han estudiado mucho los expertos en el tema, y en ese sentido las instituciones que deben enfrentar ese fenómeno reticular, deben de coordinar acciones en distintos ámbitos competenciales.

La transparencia es fundamental, el seguimiento de cuestiones que tienen que ver con movimientos financieros, sin duda, es fundamental, la labor de la supervisión del buen desempeño de los servidores públicos a través de la Función Pública resulta clave, toda la dimensión que tiene que ver con la persecución delictiva en su momento va a ser fundamental, y por eso la persona que esté a cargo de la Fiscalía Especializada, va a tener una responsabilidad mayúscula, y después la dimensión jurisdiccional es clave, porque deben de salvaguardarse los

derechos de las personas que estén también involucradas en los dos ámbitos: en el ámbito penal y en el ámbito administrativo.

En ese sentido, celebro y felicito que en esta Semana Nacional de Transparencia, estén colocando como uno de los ejes centrales de la reflexión, estos temas que como bien dice Santiago, son los temas de la agenda del presente.

La corrupción hace 15 años no figuraba en las encuestas cuando se le preguntaba a las personas cuál era uno de los principales males del país.

El día de hoy oscila entre los tres primeros lugares en las distintas encuestas.

Es el momento en el cual, como generación, tenemos la responsabilidad de enfrentar ese fenómeno con la finalidad decidida de extirparlo de la vida pública mexicana y creo que mirar lo que te va a tocar mirar a ti, Santiago, va a ser una dimensión fundamental y creo que las instituciones debemos de cerrar filas para que tengan mucho éxito en esta importantísima tarea.

Yo celebro que el INAI el día de hoy nos convoque a hacer una reflexión sobre este tema, celebro que en este caso tengas la oportunidad de venirnos a plantear las cuestiones que imaginas y celebro que dentro de los retos que vislumbras, vislumbres el de fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción, porque estoy convencido que no debemos de desandar lo andado y estoy convencido que ese sistema lo que requiere es un fortalecimiento y no un desmantelamiento y en ese sentido fortalecerlos, sumando más instituciones que contribuyan a que dé resultados, creo que es caminar en la dirección correcta, ante la tentación refundacionista, yo creo que lo que tenemos que hacer es asumir un compromiso de consolidación.

Así que felicidades, muchas gracias, Pati, en verdad por haberme invitado y muchas gracias a todas y a todos ustedes.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Resultó extraordinaria, por una parte, la conferencia magistral que nos ha otorgado, que nos ha obsequiado nuestro amigo Santiago Nieto, con

precisiones, y que además le estaba yo diciendo con una extraordinaria memoria porque cifras y datos los trae verdaderamente aquí.

Esto refleja y es lo que nos da también una gran confianza, de que cuando el funcionario está preparado, cuando conoce su tarea, cuando sabe lo que tiene que hacer, sólo se puede saber que habrá éxito y eso es lo que te deseamos con mucho cariño.

Y por otra parte, las reflexiones que ha hecho nuestro jefe Pedro Salazar, pues también ha sido extraordinaria.

Muchas gracias, Pedro. Yo te ruego que le entregues, por favor, a Santiago su reconocimiento y luego me permitas entregarte a ti el tuyo.

Muchas gracias.

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