El Gobierno de México ofreció retirar denuncias y levantar clausuras a terminales de combustible de empresas estadounidenses “como gesto de buena voluntad” durante la reunión que sostuvo ayer con el Enviado Especial Presidencial para el Clima del Gobierno de Estados Unidos, John Kerry.
Además, dijo que se respetarán los permisos de importación de combustible de ExxonMobil, Valero, Koch, Shell y Tesoro, siempre y cuando lo hagan bajo condiciones de precios justos y legalidad.
“No obstante, si hay actos de reincidencia vinculados al huachicol, al contrabando y al mal uso del permiso se aplicarán sanciones penales, incluida la revocación del permiso”, indica el documento que presentó hoy en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un texto dividido en diez puntos y titulado “Puntos básicos para la reunión con el Sr. John Kerry, el embajador Ken Salazar y empresarios de Estados Unidos, relacionados con el sector energético”, también se aclaró que en los casos en que se hayan construido terminales sin permisos de las autoridades mexicanas, solo podrá ofrecerse como opción que Pemex, previo avalúo y en caso de necesidad, adquiera esas instalaciones.
Kerry y su comitiva se encontraron en Palacio Nacional con López Obrador y sus secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Gobernación; de Energía, el subsecretario de Relaciones Exteriores y los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Pemex para conocer a fondo la propuesta de reforma constitucional en materia energética que impulsa el ejecutivo.
Se les aclaró, según el documento, que las nuevas solicitudes o los permisos en trámite no se otorgarán porque la intención es que el país logre la autosuficiencia energética, así como el fortalecimiento de Pemex y la CFE.
Además, se les pidió a los funcionarios y empresarios de la unión americana que las empresas petroleras de ese país y que tienen contratos para extraer petróleo y gas en México, inviertan, pues con la reforma energética de 2013 se otorgaron 112 concesiones para exploración y extracción de petróleo y solo están invirtiendo dos empresas y ninguna de Estados Unidos.
Aún así, puntualizaron que no se han revocado contratos y se han otorgado las prórrogas solicitadas.
Se pidió que el yacimiento Zama, compartido por Pemex y Talos Energy, inicie sus operaciones de exploración y perforación ya que solo se requiere inversión, la cual puede aportar Talos, otras empresas o algún fondo de inversión y si en caso de que esa compañía se desista del arbitraje, la Comisión Nacional de Hidrocarburos podría resolver para iniciar los trabajos y tener producción en esta administración.
“El volumen recuperable estimado del yacimiento es de entre 550 y 650 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, un valor presente neto estimado de cuatro mil 835 millones de dólares después de impuestos, con una tasa interna de retorno del 49.6%”, según el documento.
En cuanto a electricidad, se indica que empresas como Sempra y otras que tienen acuerdos con la CFE y contratos de transporte en gasoductos podrían invertir en Topolobampo, Salina Cruz y Coatzacoalcos, donde se tienen terrenos y puertos para construir tres plantas de licuefacción y exportar gas a Asia, América y Europa para lo cual deberán llegar a acuerdos con la CFE a más tardar en un mes.
También se ofrecieron acuerdos conjuntos para la producción de energía con la modernización de turbinas, equipamiento de presas existentes, e instalación de celdas fotovoltaicas flotantes en los embalses de las presas y cuya inversión se afirma estaría garantizada con la compra de la energía que produzcan por parte de la CFE. “Estamos dispuestos a atender a las empresas del sector energético de Estados Unidos, sin actuar de manera injusta y arbitraria.
“Existe disposición al diálogo, no queremos dejar de tener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos ni con las empresas de ese país, porque consideramos que es imprescindible y benéfica la integración económica y comercial entre las dos naciones con respeto a nuestras soberanías y sin permitir actos ilegales, influyentismo y corrupción”, concluye el texto.
