Las mujeres indígenas, particularmente aquellas que llegan a la tercera edad, requieren algo más que apoyos económicos: necesitan instituciones sólidas y presupuesto suficiente para garantizar servicios de salud, justicia, protección y atención integral, sostuvo la diputada federal duranguense Paty Jiménez desde la tribuna de la Cámara de Diputados.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, la legisladora reconoció la aportación de las mujeres de los pueblos originarios, pero advirtió que persisten condiciones de pobreza, marginación, discriminación y violencia, además de dificultades para acceder a servicios básicos y oportunidades.
Desde Durango, dijo, existe una amplia presencia de pueblos originarios como los tepehuanos del sur, wixárikas, mexicaneros, coras y rarámuris, cuyas mujeres son fundamentales para preservar lenguas, tradiciones, conocimientos y territorios.
Sin embargo, Jiménez puso especial énfasis en la situación de las mujeres indígenas adultas mayores, al considerar que enfrentan una condición de vulnerabilidad todavía mayor.
En ese contexto, recordó que desde noviembre de 2025 había advertido en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación sobre la falta de recursos para el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), señalando que incluso algunas casas de atención de día habían reducido de dos a un alimento diario.
La diputada afirmó que posteriormente autoridades del propio INAPAM reconocieron ante la Cámara de Diputados que los recursos disponibles apenas alcanzaban para cubrir nómina y gasto corriente.
Ante ello, cuestionó cómo puede atenderse a una mujer indígena adulta mayor que vive alejada de las ciudades y requiere orientación jurídica, atención gerontológica, protección ante situaciones de violencia o acompañamiento institucional.
“Una pensión no sustituye atención gerontológica. Una transferencia económica no sustituye asesoría jurídica frente al abandono o el despojo. No sustituye un albergue. No sustituye una residencia de día”, señaló.
La legisladora también alertó sobre el desplazamiento forzado de comunidades indígenas derivado de fenómenos como el narcotráfico, el crimen organizado y la tala ilegal, además de cuestionar los efectos que determinados proyectos tuvieron sobre comunidades y territorios indígenas.
Jiménez sostuvo que existe una brecha entre el discurso de inclusión y las condiciones que enfrentan actualmente las mujeres indígenas, por lo que llamó a construir una política de Estado que atienda sus necesidades de manera integral.
“No podemos celebrar a las mujeres indígenas el 5 de septiembre y olvidarlas el 6 de septiembre”, afirmó.
Finalmente, señaló que el presupuesto refleja las prioridades de un gobierno y advirtió que reconocer derechos sin destinar recursos suficientes para garantizarlos convierte esos derechos en promesas.
