Daniela Soto impulsa reformas al Código Penal y a la Ley de Educación para sancionar señalamientos deliberadamente falsos y garantizar el debido proceso del personal educativo, sin limitar el derecho de las familias a denunciar ni la protección de menores de edad.
Por Luis Juárez
Durango, Dgo.- La posibilidad de imponer hasta cinco años de prisión a quienes realicen acusaciones deliberadamente falsas contra maestras, maestros y personal educativo forma parte de la iniciativa impulsada por la diputada local del PRI, Daniela Soto, quien llamó a avanzar en las reformas para fortalecer la protección jurídica del sector sin vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La legisladora explicó que la propuesta busca sancionar las acusaciones falsas que puedan comprobarse, así como garantizar el derecho al debido proceso de docentes, personal académico y administrativo que enfrenten señalamientos. Aclaró que la iniciativa no pretende obstaculizar las denuncias de las familias ni desproteger a posibles víctimas, sino asegurar que las investigaciones se desarrollen con apego a la justicia.
Soto señaló que existen casos en los que, ante una acusación, los trabajadores de la educación solicitan licencia o se separan temporalmente de sus funciones, mientras sus nombres y señalamientos se difunden públicamente. Sin embargo, cuando las investigaciones no acreditan las imputaciones, el daño a su reputación, su entorno familiar y su estabilidad laboral puede permanecer.
La diputada sostuvo que las consecuencias de una acusación deliberadamente falsa van más allá del ámbito profesional, pues pueden afectar los ingresos, la vida personal y la imagen pública de quienes son señalados, incluso cuando no se comprueba la responsabilidad que se les atribuye.
Por ello, indicó que la iniciativa también contempla sanciones para quienes manipulen a niñas o niños con el propósito de formular acusaciones falsas contra integrantes del personal educativo, siempre que esa conducta pueda acreditarse conforme a la ley.
La propuesta, presentada la semana pasada, ha recibido manifestaciones de respaldo de legisladores de otras fuerzas políticas, así como de organizaciones sindicales del sector educativo, de acuerdo con lo expuesto por Soto.
La priista reconoció que inicialmente no dimensionaba el nivel de temor que enfrentan algunos trabajadores de la educación ante este tipo de situaciones, por lo que consideró necesario establecer mecanismos que les permitan ejercer su profesión con mayores garantías jurídicas.
En cuanto al proceso legislativo, informó que las reformas al Código Penal y a la Ley de Educación deberán analizarse en la Comisión de Justicia, donde espera que el dictamen avance para su posterior discusión y votación ante el Pleno del Congreso del Estado.
Finalmente, Daniela Soto expresó su confianza en que las distintas bancadas respalden la propuesta y señaló que el objetivo es prevenir las acusaciones deliberadamente falsas, sin cerrar las vías legales para denunciar posibles abusos ni debilitar la protección de los estudiantes.
