Por Fernando Madera
Durango, Dgo.- Ante el Congreso de Durango, se presentó la iniciativa que busca la aplicación inmediata de las medidas de protección a las mujeres que sean víctima de violencia.
Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron ante el pleno de la Cámara de representantes, la iniciativa para reformar el Código Penal vigente en la entidad.
Es de todos bien sabido que la violencia de género en contra de las mujeres, ha existido siempre y en la actualidad ha aumentado por diversos factores sociales, es un reto muy grande que tenemos las autoridades correspondientes para lograr erradicarlo.
Los legisladores señalaron que “han buscado dar las armas jurídicas necesarias a las distintas autoridades con la intención de que dichos actos, no queden impunes, sin embargo, sigue catalogándose a este delito como de difícil comprobación puesto que, muchas de las veces se carece aparentemente de los elementos necesarios para poder integrarlos”.
Añadieron que la misma normativa, que cabe mencionar en parte es competencia federal, brinda derechos a los imputados como la suspensión condicional del proceso, esto por un lado, y por otro, la incompetencia de las autoridades y falta de sensibilización y empatía hacia casos en los que la mujer se encuentra por completo desprotegida.
Derivado de la reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la federación en fecha 18 de marzo de 2021, en la que se establecen diversos lineamientos referentes a las órdenes de protección, se hizo la reforma correspondiente en el Estado, específicamente en la Ley de las Mujeres para una Vida Sin Violencia, a fin de dotar de mayor fuerza a las instituciones encargadas para poder sancionar el delito referido.
El objetivo principal de dichas adiciones y reformas, es proteger a las denunciantes/supervivientes del delito de violencia, que en determinados supuestos están en peligro de sufrir daños inmediatos, son medidas preventivas de ataques inminentes hacia su integridad física, moral y psicológica.
Indicaron que las órdenes de protección se encuentran definidas dentro de la misma ley como: “actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias y cautelares, deberán otorgarse de oficio o a petición de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.”
Sin embargo, las autoridades encargadas de la protección de las mujeres, no están haciendo uso de las herramientas jurídicas como lo son las órdenes de protección, medidas precautorias y cautelares que por el desconocimiento de la Ley no se están ejecutando por tanto sigue careciendo la normativa de eficacia y certeza jurídica.
Con la reforma que se propone, se busca que las autoridades de manera inmediata, ordene la aplicación de las medidas precautorias a las mujeres que sean violentadas, con el propósito de protegerlas y evitar que sean víctima de nuevas agresiones.
