Legisladores del PRI, buscan proteger a quienes denuncien prácticas desleales
Por Luis Juárez
Con la propósito de brindar protección a quienes denuncien hechos de corrupción, fomentar la cultura de denuncia y rendición de cuentas, el diputado Ernesto Alanís Herrera propuso la Ley de Protección a Denunciantes de Actos de Corrupción para el Estado.
“Se busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y servidores públicos que, actuando de buena fe, informen a las autoridades sobre actos indebidos, asegurando que no enfrenten represalias por actuar conforme a su ética”, resalto en su exposición de motivos.
Al subir a tribuna, dio a conocer que en México, el término “alertador” o “denunciante” se refiere a toda persona que, de buena fe, reporta ante las autoridades competentes hechos relacionados con corrupción.
Estos ciudadanos juegan un papel importante en las políticas anticorrupción, al promover la rendición de cuentas y fortalecer la democracia y el Estado de derecho.
Asimismo el coordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, enfatizó que el combate a la corrupción debe ser un esfuerzo permanente, con el objetivo de detectar y abordar las áreas de oportunidad que permitan erradicar este problema en todos los niveles del gobierno.
Acorde a ello, añadió que la iniciativa destaca la necesidad de realizar un esfuerzo conjunto y coordinado entre las entidades gubernamentales para dar seguimiento efectivo a las denuncias y aplicar medidas de protección, incluso, destacó que en los últimos años, la República ha avanzado en el fortalecimiento del marco jurídico para regular la actuación de los servidores públicos y atender mejor las necesidades ciudadanas.
“La corrupción es un problema complejo que afecta los derechos humanos, reduce el desarrollo económico y debilita la confianza en las instituciones. Proteger a los alertadores es esencial para fomentar un ambiente seguro que motive la denuncia y garantice la transparencia en el sector público y privado”, puntualizó.
Finalmente, expresó que uno de los grandes pendientes en México y en el estado es brindar protección efectiva a personas que denuncian conductas que podrían constituir responsabilidades administrativas o delitos relacionados con corrupción.
