Por Gonzalo Martínez
Los jueces han advertido al Poder Legislativo, a través de una carta, que la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no cumple con las disposiciones del TMEC, ya que viola compromisos adquiridos por México.
A través de una misiva dirigida a senadores y diputados, quienes votarán la iniciativa este martes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) manifestó su rechazo a la reforma, que incluye la propuesta de elegir jueces mediante voto popular a partir de 2025.
Según los magistrados y jueces, esta reforma “violenta e incumple el anexo 23 del TMEC, por cuanto hace al compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales”. En el mismo documento, donde solicitan reconsiderar la reforma, afirman que también “transgrede” las obligaciones de México establecidas en los capítulos 14 y 27 del TMEC, que están relacionadas con inversiones y políticas anticorrupción.
Los jueces señalaron que “el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México con motivo de dicho tratado no sólo depende de garantizar la independencia de tribunales especializados en materia laboral, sino la de todos los órganos jurisdiccionales que conozcan de juicios que involucren intereses de inversionistas extranjeros”.
Recordaron que en un preacuerdo trilateral firmado en agosto de 2018, México se comprometió a adaptar sus leyes para asegurar la existencia de tribunales laborales independientes e imparciales, y que dicho acuerdo fue firmado por AMLO el 30 de noviembre de ese año, cuando aún era presidente electo.
Los jueces consideran “innegable” que la elección de juzgadores por voto popular no contribuiría al fortalecimiento del Estado de derecho ni del Poder Judicial, sino que, por el contrario, “amenazaría la histórica” relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Además, advirtieron que “un estado de derecho débil puede aumentar los costos y la incertidumbre en el cumplimiento y ejecución de los compromisos internacionales y pone en peligro la seguridad nacional, ya que es muy probable que con esta reforma se permita al crimen organizado irrumpir en el Poder Judicial”.
Por lo tanto, instaron a buscar alternativas de reforma “que permitan continuar el progreso democrático y económico” del país. También alertaron sobre un posible retraso en la profesionalización de la impartición de justicia especializada, como el “nuevo sistema de justicia laboral” implementado en 2019.
Argumentaron que, desde la implementación del TMEC, el Poder Judicial federal ha desarrollado criterios técnico-jurídicos en materias especializadas y ha promovido la capacitación continua de los juzgadores a través de la carrera judicial, lo que ha permitido una impartición de justicia completa y profesional en beneficio de las personas justiciables, además de brindar certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras.
La reforma del Poder Judicial propone elecciones en dos momentos, en 2025 y 2027, para elegir a la totalidad de la Suprema Corte, así como a jueces y magistrados federales.
