Por Gonzalo Martínez
La propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha generado una creciente preocupación en el sector corporativo y financiero. Un reciente análisis de Bank of America (BofA) destaca que esta reforma, que será discutida en el Congreso a partir del 1 de septiembre, representa un “muy alto riesgo” para el entorno de negocios en México.
El informe de BofA subraya que la reforma judicial es la más crucial entre las iniciativas del presidente, ya que “tiene enormes implicaciones en cómo funciona la democracia” en el país. Según el análisis, la reforma busca transformar profundamente el sistema judicial mexicano al proponer la destitución de más de siete mil jueces en funciones y de los 11 magistrados de la Suprema Corte. AMLO pretende que todos los jueces sean elegidos por voto popular, lo que, de acuerdo con BofA, podría tener consecuencias profundas para el funcionamiento del poder judicial y la estabilidad institucional en México.
Además de la reforma judicial, Bank of America también analiza los planes de López Obrador para modificar el estatus de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cambiando su clasificación de empresas productivas a públicas, así como la eliminación de organismos autónomos. El análisis de BofA anticipa que estas reformas, parte del llamado “Plan C” del presidente, tienen una alta probabilidad de ser aprobadas por el Congreso.
El “Plan C” de AMLO busca profundizar las reformas legales en varios sectores con el objetivo de beneficiar a la mayoría de los ciudadanos, en lugar de favorecer a una minoría. Sin embargo, BofA advierte que la implementación de estas reformas podría provocar volatilidad en el corto plazo.
Pese a la incertidumbre que rodea estas propuestas, Bank of America mantiene su perspectiva positiva sobre las oportunidades a largo plazo en México y no ha realizado cambios en sus portafolios de inversión en el país.
En un movimiento similar, Morgan Stanley ha emitido recomendaciones a sus clientes, sugiriendo que eviten invertir en ciertas acciones de empresas mexicanas debido a la expectativa de un aumento en las primas de riesgo asociadas con la reforma judicial.
