Rosario Robles, absuelta de la Estafa Maestra

Danna Salazar
Danna Salazar 21/04/2024
Updated 2024/04/21 at 9:29 PM

Por Gonzalo Martínez
Luego de un prolongado proceso judicial, Rosario Robles, extitular de Sedesol, ha sido absuelta de los delitos relacionados con la llamada Estafa Maestra. Un juzgado federal ha ratificado la negativa de emitir una orden de aprehensión en su contra, marcando así el cierre de este capítulo en su caso.
Este era el único mandato de captura pendiente para la exfuncionaria federal, el cual no fue ejecutado ni siquiera durante su periodo de reclusión en el Penal Femenil de Santa Martha. Aunque los delitos que se le imputaban conllevan prisión preventiva de oficio, la Fiscalía General de la República (FGR) optó por no proceder con la orden de aprehensión.
El proceso judicial se vio influenciado por diversas decisiones judiciales, incluyendo un amparo otorgado a Robles para reponer el procedimiento de la orden de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, un juez de control negó la aprehensión en abril pasado, al considerar que no había justificación suficiente para su detención.
La reciente decisión de un juzgado de amparo ha confirmado la negativa de la orden de aprehensión, argumentando que cumple con los lineamientos establecidos en la sentencia del amparo otorgado previamente. Esto deja a la FGR la opción de elaborar una argumentación más sólida si decide solicitar nuevamente la aprehensión de Robles.
No obstante, Robles aún enfrenta acusaciones por ejercicio indebido del servicio público relacionadas con los desvíos de fondos en la Estafa Maestra. Aunque ha sido exonerada en dos instancias, aún queda pendiente un fallo definitivo de un tribunal colegiado sobre este caso.
En el caso específico en el que se negó la aprehensión, se le atribuye a Robles un supuesto lavado de dinero mediante “factureras” por más de 77 millones de pesos. Estos fondos estaban destinados a un convenio con la Universidad Autónoma de Morelos para la realización de encuestas de beneficiarios de programas sociales, aunque la FGR sostiene que gran parte de estas encuestas nunca se llevaron a cabo.

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