En dado caso de la intervención de servidores públicos, los mismos serán inhabilitados.
Por Luis Juárez
Con motivo de eliminar la duplicidad en las sanciones para aquellos quienes, con o sin ánimo de lucro, constituyan, fomenten o administren escuelas sin la debida autorización o que no cumplan con los requisitos estipulados, el legislador Gerardo Galaviz Martínez, presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.
Dicha reforma busca perfeccionar la redacción del artículo 349 bis, para castigar de cinco hasta 10 años de prisión, además, sanciones económicas de mil a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización; además de derogar el 417.
La iniciativa estipula que, si en este delito interviene algún actor público del ámbito educativo, la pena ascenderá de una a dos terceras partes de la correspondiente por el delito cometido. Incluso, se impondrá la destitución y la inhabilitación de ocho a 20 años para desempeñar un trabajo, cargo o comicios públicos.
En este mismo sentido Galaviz, justificó la ampliación de motivos al destacar que en México, ya se han identificado múltiples casos de personas que, al finalizar sus estudios, se dan cuenta que no cuentan con una acreditación o reconocimiento oficial, quedándose sin la oportunidad de aspirar a puestos acordes a su perfil académico.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, hizo hincapié a que esta situación involucra un daño grave al alumnado debido a que al, concluir su formación estas instituciones se encuentran limitadas en la expedición y entrega de un documento oficial que acredite los estudios desempeñados.
“Dichas escuelas han prosperado principalmente en los niveles de media superior y superior, debido a la falta de una cobertura total en el ámbito público. Representan una competencia desleal a los centros educativos que cumplen con los procesos de calidad y normatividad legal exigidos por la ley, convirtiendo la educación en mero negocio y, peor aún, obteniendo ganancias fraudulentas”, subrayó.
