Por Gonzalo Martínez
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la reforma judicial impulsada por el partido Morena y respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El dictamen fue aprobado en lo general con 25 votos a favor y 12 en contra, dando paso a la discusión en lo particular. Si no se aceptan las modificaciones propuestas, la iniciativa será enviada al pleno del Senado, donde se espera su debate y votación el próximo 11 de septiembre.
Esta reforma ha generado diversas manifestaciones en México, incluyendo un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y marchas estudiantiles. Estas acciones obligaron a los legisladores a sesionar en una sede alterna debido a que los accesos al Palacio Legislativo fueron bloqueados por los manifestantes.
El paquete de 20 reformas, presentado por López Obrador en febrero, incluye varias medidas, entre ellas reducir el número de ministros de la SCJN de 11 a 9 y acortar su mandato de 15 a 12 años. Además, se proponen dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera extraordinaria en junio de 2025 y la segunda en 2027.
La reforma también contempla eliminar la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros de la Corte, ajustar sus salarios al tope máximo permitido para el presidente, sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones, y suprimir las dos salas de la SCJN.
Diversos organismos internacionales, como la ONU, así como empresas y calificadoras como Fitch, Citibanamex, Morgan Stanley y UBS, además de las embajadas de Estados Unidos y Canadá, han expresado preocupación por los riesgos que esta reforma podría representar para la inversión privada y los acuerdos comerciales, advirtiendo posibles sanciones económicas.
