Por Martha Casas
El Gobierno del Estado de Durango, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, representada por Óscar Armando Galván Villarreal, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, representada por Noel Díaz Rodríguez, signaron un convenio de colaboración mediante el cual se establecen mecanismos de coordinación que permitan fomentar la paz y la seguridad pública, así como promover un entorno libre de corrupción, ahí se contempla la promoción de la denuncia, pero también la protección del denunciante, entre otras cosas.
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
La Secretaría de Seguridad Pública, auxiliará a la Fiscalía especializada para el cumplimiento de sus funciones sustantivas, tal como lo establece el artículo 98, fracción XXIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.
PREVENCIÓN DEL DELITO
Un objetivo importante a tomar en cuenta es la realización de estudios de diagnóstico encaminados a la identificación de patrones de actuación reiterada, sistemática o generalizada de fenómenos criminales en el Estado, que permitan el diseño de políticas y programas para su atención, de manera que puedan articularse estrategias y acciones preventivas conjuntas.
Asimismo, homologar criterios respecto a la recepción de denuncias o querellas por hechos probablemente delictivos, a fin de que el trámite de las mismas sea de forma ágil y sin demora alguna.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA
Ambas instituciones, se comprometen a recabar, compilar, procesar e intercambiar, en el ámbito de su competencia, información actualizada sobre seguridad pública que permita realizar programas conjuntos en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos.
PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Uno de los compromisos de este convenio es el de promover acciones de formación, profesionalización, actualización y certificación del personal que realiza funciones de seguridad pública y procuración de justicia, mediante la impartición de cursos, seminarios, talleres, congresos internacionales, nacionales o locales; así como promover el fortalecimiento de los valores éticos y de integridad de los servidores públicos, a fin de ajustar su actuación a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
PROTECCIÓN A DENUNCIANTES
En el documento destaca también el compromiso de coordinar esfuerzos para garantizar la protección de denunciantes, víctimas, testigos, alertadores y servidores públicos expuestos en delitos por hechos de corrupción.
