SOSPECHOSO ¿Dónde quedarán 15,000 millones de datos?
Por: Martha Casas.
La propuesta de reforma constitucional deja en un vacío jurídico respecto de la administración y gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia, que actualmente se reconoce como la herramienta del Estado Mexicano que contiene información pública de los ámbitos federal, estatal y municipal, y deja con la duda razonable de qué sucederá con 15.000 millones de datos, expuso la comisionada Presidenta del IDAIP Paulina Compean Torres.
La propuesta para desaparecer al INAI, contempla que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, será la instancia encargada que asumirá las funciones del Instituto a cargo de garantizar la transparencia, no obstante hay un silencio jurídico en algunos asuntos, como qué pasará con la infraestructura o quién operará la Plataforma Nacional de Transparencia, que concentra cerca de 15.000 millones de registros cargados, además la PNT administra y gestiona la información de 7 mil 407 sujetos obligados, de los cuales 6 mil 684 son estatales y 723 pertenecen al orden federal, de acuerdo con la última actualización del 23 de septiembre del padrón de sujetos obligados, por lo que cientos de miles de contratos y solicitudes de información con sus respectivas respuestas, tienen un futuro incierto, aseveró la comisionada Presidenta del IDAIP.
La inminente desaparición del INAI, implica volver jurídica y tecnológicamente imposible la administración y operación de la PNT. Esta plataforma es un repositorio que integra información a nivel nacional que contiene desde el directorio de las administraciones públicas locales e instituciones, sueldos y prestaciones de personas servidoras públicas, hasta licitaciones, contratos y adjudicaciones directas, información financiera, entre otros rubros.
Actualmente, la disponibilidad de esta información resulta posible en virtud de la normatividad en la materia que establece la comunicación entre los órganos garantes, los sujetos obligados y los ciudadanos, así como la autonomía e independencia en las determinaciones y resoluciones de los institutos de transparencia, para poder ordenar por mandato de ley a todas las dependencias a difundir información de forma pública y periódica en sus portales de internet así como atender los requerimientos o solicitudes de información de naturaleza pública.
Lo mismo sucede con el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, ya que la PNT permite realizar solicitudes y quejas en un solo sistema a todas las autoridades de los tres poderes a nivel federal, estatal y municipal, así como organismos autónomos, fondos, fideicomisos, sindicatos y partidos políticos. La propuesta pretende eliminar no solo la autonomía sino la eficiencia de un sistema que cuenta con una alta especialización a lo largo de poco más de 20 años
La iniciativa resulta regresiva ya que al desaparecer el Sistema Nacional de Transparencia, como lo conocemos hasta ahora, la garantía de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, recaerá sobre los propios sujetos obligados, así como lo establece el dictamen en materia de simplificación orgánica, que a la letra dice:
“los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales…, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados”.
Por su parte el INE tendrá competencia para conocer los asuntos relacionados con esta materia a cargo de los partidos políticos, así como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los sindicatos y conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los mismos. Ante ello se origina el riesgo de volver al litigio de un derecho inaccesible y fragmentado. Es cierto que todas las instituciones deben de evolucionar, con oportunidades de mejora y, por tanto, perfectibles. El objetivo no debe ser solo la austeridad como fin, sino robustecer los derechos humanos de las personas, concluyó la Comisionada presidenta del IDAIP.
