Redacción.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado miércoles la Ley Laken Riley como la primera pieza legislativa de su gobierno.
La ley exige la detención y posible deportación de personas que están en Estados Unidos sin permiso de residencia y que sean acusadas de robo y crímenes violentos antes de que hayan sido condenadas.
Esta medida fue aprobada por el Congreso con mayoría por los republicanos con algún apoyo demócrata, incluso los defensores de los derechos de los inmigrantes la han criticado por ser lo suficientemente extrema como para posiblemente desencadenar redadas masivas de personas por delitos tan menores como el hurto menor.
Trump ha hecho de la campaña prometida contra la inmigración ilegal, sin precedentes en la historia de la nación, un elemento central de su carrera política y ahora sugiere que la ley podría ser solo el comienzo.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia de 22 años que salió a correr en febrero de 2024 y fue asesinada por José Antonio Ibarra, un ciudadano venezolano que estaba en Estados Unidos sin permiso de residencia. Ibarra fue declarado culpable en noviembre y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.
“Tener un proyecto de ley de tanta importancia nombrado en su honor es un gran, gran homenaje”, declaró Trump. “Esta nueva forma de crimen, criminales ilegales, es masiva, los números son masivos y eso se suma al crimen que ya teníamos”, agregó.
De acuerdo con la Ley Laken Riley, los funcionarios federales están obligados a detener a cualquier inmigrante arrestado o acusado de delitos como robo o agresión a un agente de policía, así como por delitos que dejen muertos o heridos.
Asimismo, otorga competencias a los fiscales generales estatales para demandar al gobierno de Estados Unidos por daños causados por decisiones federales de inmigración federal, lo que podría hacer que los líderes de estados conservadores ayuden a dictar la política migratoria establecida por Washington.
