Un precedente en anticorrupción el caso de Alicia García

Por Martha Casas
Durango, Dgo.
El caso de Alicia García, líder sindical del municipio, sienta un precedente en materia de anticorrupción; desde la denuncia, la investigación, el proceso y la devolución del recurso mal utilizado, consideró el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Héctor García Rodríguez, quien recordó que la dirigente del sindicato de trabajadores del ayuntamiento reparó cerca de 900 mil pesos contabilizados como daño al municipio de Durango.
Este precedente histórico en el combate frontal a las prácticas corruptas en el servicio público, tuvo mucho que ver con el respaldo, la cooperación de las autoridades y por supuesto con la exposición pública de una situación anómala.
Y es que recordó que en audiencia del 2 de julio, Alicia y Ricardo, respectivamente secretaria general y secretario general adjunto del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, comparecieron de nueva cuenta ante el Juez Décimo Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, quien verificó la realización de diversos pagos que suman la cantidad de 867 mil 834 pesos con 48 centavos, por concepto de reparación total de daño patrimonial causado al Municipio de Durango.
Rememorando, García Rodríguez expuso que tras la denuncia, el 20 de junio de 2020 se inició carpeta de investigación por diversos delitos en contra de los líderes sindicales citados, quienes valiéndose de su cargo hicieron que se estuviera pagando de la nómina municipal, por más de cuatro años, los servicios de personas que contrataron en lo personal para realizar diversos trabajos en sus negocios y propiedades particulares.
Como parte de las indagaciones que se llevaron a cabo, el Ministerio Público Especializado solicitó a las autoridades municipales la información necesaria para confirmar los hechos, cuantificar el monto de los recursos públicos desviados e identificar a quienes participaron en los delitos; confirmando que en el último año de la Administración Pública Municipal 2013-2016 Alicia y Ricardo gestionaron ante diversos funcionarios el ingreso a la nómina municipal de tres personas que laboraban a su servicio, desvío de recursos que se mantuvo hasta junio de 2020 cuando fueron denunciados sus autores.
Recibieron del Gobierno Municipal, respectivamente por concepto de salarios: Juvenal, un total de 550 mil 772 pesos con 47 centavos, durante 48 meses, de 2016 a 2020. Juan, la cantidad de 261 mil 904 pesos con 75 centavos e Isidro, un total de 55 mil 257 pesos con 26 centavos
Concluida la etapa de investigación inicial se solicitó formalmente al juez penal de turno citar a los líderes sindicales a audiencia para formular imputación, en la que los acusados manifestaron su responsabilidad de acogerse a la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y celebrar un Acuerdo Reparatorio, consistente en devolver lo robado en parcialidades mensuales en el lapso de un año. Procedimiento que aceptó la representación legal del municipio y autorizó el juez.
Es importante señalar que en la firma del acuerdo reparatorio no intervino el Ministerio Público, las partes lo formalizaron ante un funcionario del Centro Estatal de Justicia Alternativa del poder Judicial del estado. Es un medio alternativo para resolver una controversia sin llegar a juicio, al que los imputados ya no podrán recurrir de nueva cuenta sino pasados dos años.