El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango Manuel Valadez Díaz informó que, a la fecha, existen más de 140 personas inscritas en el Padrón Nacional de Obligaciones Alimentarias debido al incumplimiento sistemático de las pensiones para sus hijos.
Esta cifra refleja el avance en la aplicación de la “Ley Sabina” y las reformas recientes a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las cuales buscan que la responsabilidad económica de los padres no sea opcional, sino una obligación vigilada por el Estado.
Restricciones para los deudores
Estar inscrito en este padrón nacional no es solo un señalamiento administrativo; conlleva una serie de limitantes civiles que buscan presionar al deudor para que regularice su situación.
Entre las restricciones más importantes que enfrentan estos 140 duranguenses se encuentran trámites de identidad, impedimento para tramitar o renovar el pasaporte y la credencial para votar y en movilidad y legalidad, hay restricción para obtener o renovar la licencia de conducir.
Además de trabas en procesos de compra-venta de inmuebles ante notario público y en participación política, se establece la imposibilidad de participar como candidatos a cargos de elección popular o desempeñarse como jueces o magistrados.
El presidente del Poder Judicial destacó que el registro es una herramienta fundamental para proteger el interés superior del menor. La inscripción en el padrón ocurre tras una resolución judicial donde se comprueba que el deudor ha dejado de cumplir con sus obligaciones por un periodo determinado, afectando la calidad de vida de sus hijos.
“No se trata solo de una lista, sino de un mecanismo de presión legal para que los padres y madres asuman su responsabilidad. La pensión alimenticia es un derecho humano de los menores que no puede quedar en el olvido”, dijo.
Destacó que en este momento sí hay personas en la cárcel por esta causa, sin embargo, desconoce a ciencia cierta el número, ya que es variante.
