La diputada de Morena, Delia Enríquez Arriaga, propuso incorporar al Código Penal estatal el delito de homicidio por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, con sanciones agravadas cuando existan determinadas relaciones entre la víctima y el agresor.
Por Luis Juárez
Durango, Dgo.- La diputada local Delia Enríquez Arriaga presentó una iniciativa para tipificar los crímenes de odio por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género en Durango, con penas de hasta 50 años de prisión y un máximo de 55 años cuando se acrediten circunstancias agravantes.
La propuesta busca incorporar esta figura al Código Penal del Estado para establecer sanciones específicas contra quienes priven de la vida a una persona por prejuicios relacionados con su orientación sexual o identidad de género. Durante la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que ninguna persona debe ser víctima de persecución, agresiones o asesinato por estas razones.
De acuerdo con la iniciativa, las penas irían de 22 a 50 años de prisión. En los casos con agravantes, la sanción aumentaría de 30 a 55 años, cuando existan circunstancias como una relación de pareja, parentesco, vínculos laborales o docentes, así como condiciones de subordinación o superioridad entre el agresor y la víctima.
El proyecto también contempla diversos elementos para identificar posibles motivaciones de odio, entre ellos amenazas o acoso previos, violencia sexual, lesiones degradantes, incomunicación de la víctima, exposición del cuerpo y expresiones de rechazo o desprecio por parte del presunto responsable. Si no se acredita el motivo de odio, se aplicarían las disposiciones penales correspondientes, según lo expuesto en la iniciativa.
Enríquez Arriaga, quien preside la Comisión de Igualdad de Género y participa en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, relacionó la propuesta con la necesidad de combatir la violencia y la discriminación contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.
La legisladora también citó cifras del Observatorio de Crímenes LGBTQ+, según las cuales durante 2025 se documentaron más de 59 asesinatos de personas de esta comunidad. Ante este panorama, señaló que las autoridades deben investigar cada caso para determinar si existió una motivación de odio o discriminación y ofrecer respuestas a las familias de las víctimas.
La iniciativa plantea que el marco jurídico estatal reconozca las particularidades de estos homicidios y permita establecer sanciones específicas cuando se compruebe que la privación de la vida ocurrió por prejuicios relacionados con la orientación sexual o la identidad de género.
