El presidente Roberto Herrera Hernández asegura que las contrataciones se hicieron por licitación pública y niega instrucciones del INE para favorecer a empresas
Por: Geraldo Rosales
Durango, Dgo.- Las contrataciones de material electoral por 47.6 millones de pesos realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango durante 2025 están bajo revisión, luego de señalamientos nacionales que vinculan a empresas proveedoras con el entorno del empresario José Alfredo Hernández Casillas y su cercanía con Guadalupe Taddei.
Ante ello, el presidente del IEPC, Roberto Herrera Hernández, aseguró que el organismo actuó conforme a la legislación y a la normatividad administrativa, y sostuvo que todas las adquisiciones se hicieron mediante licitaciones públicas nacionales, sin que existieran instrucciones del Instituto Nacional Electoral para contratar con determinadas compañías.
El consejero presidente explicó que el mercado de proveedores de documentación y material electoral es muy reducido, pues solo alrededor de cuatro o cinco empresas tienen capacidad para atender a los 32 organismos electorales del país. Por eso, dijo, era prácticamente inevitable coincidir con algunas de las firmas mencionadas, ya que si cumplen los requisitos pueden participar y el instituto no puede controlar quiénes deciden competir.
Sobre la revisión en curso, Herrera Hernández confirmó que hace aproximadamente diez días la Auditoría Superior de la Federación solicitó información sobre las adquisiciones y los proveedores contratados, aunque aclaró que hasta ahora no se les ha notificado el inicio de una investigación por denuncia, sino únicamente un requerimiento que podría ser parte de una revisión general a los 32 OPLES.
Finalmente, defendió el historial del instituto al señalar que en los seis años que lleva al frente sus cuentas públicas han sido aprobadas y que el organismo es fiscalizado anualmente por cinco instancias. Reiteró que el IEPC está abierto a las auditorías y a entregar la información requerida, pero pidió no atribuir responsabilidades sin elementos que las acrediten, pues una irregularidad de un proveedor en otra entidad no implica automáticamente una falta de los organismos que lo contrataron.
