Canaco pide certeza ante la homologación catastral; teme efectos en el predial

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La aprobación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral mantiene en incertidumbre al sector empresarial, que pide conocer las reglas de aplicación y garantías de que la homologación no se traducirá en incrementos al impuesto predial.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Sergio Sánchez López, señaló que todavía falta conocer cómo se implementarán los cambios y cuánto costará a los municipios adaptar sus sistemas para compartir información catastral con las autoridades federales.
“Realmente hay que esperar las reglas que van a dar de parte del Gobierno Federal”, indicó, al advertir que buena parte de los municipios de Durango carece de una base de datos digital o electrónica que permita trabajar bajo un esquema homologado.
El Senado aprobó el miércoles 14 de octubre la nueva legislación, que busca modernizar y vincular los catastros y registros públicos de la propiedad en todo el país. La oposición ha advertido que la actualización de valores catastrales podría elevar el predial, mientras que Morena sostiene que la reforma busca ordenar la información inmobiliaria y niega que implique un aumento automático del impuesto.
Dudas sobre el costo y la aplicación
Sánchez López consideró que uno de los principales pendientes es conocer los criterios con los que se homologará la información de los inmuebles, pues las condiciones de una vivienda o terreno en Durango no son necesariamente comparables con las de ciudades como Monterrey o Guadalajara.
Explicó que deben considerarse factores como la ubicación y las características de cada propiedad, además de las diferencias económicas entre regiones.
El dirigente empresarial recordó que, pese al incremento al predial aplicado en Durango el año pasado, la entidad mantiene cobros relativamente bajos en comparación con otros estados. Por ello, consideró necesario revisar si los nuevos criterios modificarán esa situación.
También expresó preocupación por las personas de menores ingresos que quedaron protegidas por los topes establecidos en el esquema local y que podrían resultar afectadas si cambian las bases de cálculo.
“Hay que checar qué tanto va a impactar la homologación famosa que están mencionando en esta ley”, sostuvo.
Preocupa el costo para los municipios
Otro punto pendiente, dijo, es cuánto deberán invertir los ayuntamientos para actualizar sus plataformas y cumplir con los mecanismos de intercambio de información.
La nueva legislación contempla la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para modernizar los catastros y los registros de la propiedad. Entre las instancias involucradas están la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Para Sánchez López, el sector empresarial necesita certeza sobre los alcances de la reforma y sobre la manera en que se respetarán las atribuciones municipales.

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