Por Fernando Madera
Durango, Dgo.- Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), promovieron ante el Congreso de Durango, la iniciativa que busca empoderar a las mujeres duranguenses en el ámbito económico.
No debemos ignorar que las mujeres siguen sufriendo desproporcionalidad económica y laboral, así como la discriminación de género que implica que a menudo las mujeres terminen desempeñando trabajos no seguros y mal pagados. La discriminación también reduce el acceso a bienes económicos como la tierra y los préstamos y limita su participación en el diseño de políticas sociales y económicas; indicaron los legisladores.
Explicaron que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 64 millones 540 mil 634 mujeres, mismas que componen el 51.2% de la población total. Del total de la población ocupada de 25 años y más que se desempeña como funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social, 39.0% son mujeres.
En 2018, 40.7% de las judicaturas y magistraturas en los juzgados y tribunales superiores de justicia estatales estaban a cargo de mujeres; 48.2% y 49.2% de las posiciones en la Cámara de Diputados y en el Senado estaban ocupadas por mujeres; y en los Ayuntamientos 44.9% eran regidoras, síndicas o presidentas municipales.
Las mujeres son propietarias de un tercio (36.6%) de los establecimientos micro, pequeños y medianos de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros (MIPYMES). Las mujeres propietarias contratan más mujeres para trabajar (dos mujeres remuneradas por cada hombre) y 86.1% de su personal permanece empleado durante todo el año.
La brecha de género en la carga total de trabajo (remunerado y no remunerado) es de 13.4 horas semanales en promedio. La mayor carga de trabajo para las mujeres se refleja en menor disposición de tiempo libre: en promedio 4.2 horas a la semana.
A través de la iniciativa, se busca fortalecer los instrumentos administrativos actuales, de tal modo que ante la existencia de la Secretaría de Desarrollo Económico como un ente de la administración pública estatal, “ahora lo que procede para tal fin es incorporarla de manera formal y maximizar su participación dentro de la operatividad de ciertos mecanismos a fin de perseguir objetivos en materia de desarrollo económico a favor de la mujer a través con un marco jurídico mejor estructurado”.
